AFP
Miles de opositores venezolanos se manifestaron este sábado en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su cuarta protesta en una semana que degeneró nuevamente en violencia y choques con la policía.
Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes, convocados por la dirigencia, decidieron a última hora marchar hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro, bastión del chavismo y donde están las sedes de los podres públicos.
Y como el jueves pasado, cuando pretendieron llegar sin éxito al mismo organismo, fueron contenidos por policías y efectivos de la militarizada Guardia Nacional con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.
Un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto respondieron con piedras, mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de ellos.
El primer balance de heridos es de 17, entregado por el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, de donde salió la marcha. La AFP constató además cómo dos policías fueron impactados por bombas incendiarias.
Por otra parte, la ONG Foro Penal informó de 51 arrestos en todo el país.
En el centro de la ciudad, el chavismo se concentraba este sábado en un acto multitudinario que denominó "gran toma cultural, deportiva y recreativa".
Tras casi dos horas de refriegas, los opositores se replegaron hacia otros puntos, aunque se mantuvieron los focos de conflicto un rato más.
En Chacao por ejemplo, decenas de manifestantes lanzaron piedras, palos y bombas incendiarias a un edificio administrativo del máximo tribunal, desatándose una nueva batalla campal con las fuerzas del orden.
La fiscalía abrió una investigación y el defensor del Pueblo, Tareck Saab, repudió el hecho en Twitter.
El jefe de los servicios de inteligencia, Gustavo González, informó que fueron capturados los "primeros cabecillas" de una "célula fascista terrorista" que habría impulsado y financiado la violencia el sábado y que sería liderada por el excandidato presidencial y principal figura de la oposición, Henrique Capriles.
Sin precisar nombres, indicó que varios allanamientos serán realizados en las próximas horas.
Un fuerte contingente de funcionarios policiales, con armas largas, se presentaron casi de madrugada en la oficina política de Capriles.
No lo presentaron como un allanamiento, sino como parte de una investigación sobre un incendio en ese lugar más temprano que, según denunció Capriles, fue causado por bombas lanzadas por las autoridades.
Diputados de su partido Primero Justicia impidieron el acceso, mientras que a esa hora el gobernador estaba "resguardado", según dijo el asambleísta Luis Florido al canal NTN24.contenidos por policías y efectivos de la militarizada Guardia Nacional que les lanzaron bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma para dispersarlos.
"Impacto negativo"
Capriles convocó a los manifestantes a dirigirse a la Defensoría, que esta semana frenó la posibilidad de que el Parlamento de mayoría opositora destituyera a los magistrados la corte suprema.
Los participantes, que en la protesta acusaban a Maduro "dictador", rechazaron además la decisión de la Contraloría que inhabilitó a Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que bloquea su aspiración presidencial en 2018.
La medida fue notificada el viernes y el político la apelará.
Colombia consideró que la decisión de la Contraloría -que la oposición señala de servir al gobierno- "aumenta la polarización" en el país, mientras Argentina pidió que quede sin efecto para evitar un "impacto negativo en el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente".
La oposición planea nuevas protestas durante la Semana Santa, cuando los empleados públicos estarán de asueto por orden de Maduro, y una "gran" manifestación el 19 de abril, fecha patria en Venezuela.
El martes y jueves hubo movilizaciones que sumaron reclamos como elecciones generales y liberación de "presos políticos", con saldo de un muerto y decenas de heridos y detenidos.
Maduro denuncia las manifestaciones como un plan para "llenar las calles de sangre" e intentar derrocarlo.
El mandatario, que enfrenta una severa crisis económica que minó su popularidad, asegura que detrás de esa estrategia "golpista" se encuentran Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), que este semana declaró una "grave alteración del orden democrático" en Venezuela.
