Dos familiares del presidente Nicolás Maduro enfrentan a la Justicia estadounidense bajo la acusación de conspiración para el narcotráfico. Consultamos a un experto sobre el impacto político en Venezuela.
La noticia de la detención de dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, acusados de conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos, estalló como una bomba en vísperas de que Nicolás Maduro pronunciara un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde denunció el “acoso permanente” de Estados Unidos en las últimas dos décadas.
El mandatario venezolano no hizo referencia directa a la aprehensión de Efraín Antonio Campo Flores (su ahijado), y Francisco Flores de Freitas, que fueron imputados por un gran jurado en Nueva York. Pero fue el tema que marcó la agenda informativa de la jornada en lo tocante a Venezuela. Y tiene desde luego bastante carga explosiva en un país sumido en la efervescencia política y en el que se avecinan elecciones parlamentarias, previstas para el 6 de diciembre. Desde ya, la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el exilio (Veppex) afirmó en un comunicado que estos hechos demuestran que Venezuela se ha transformado en un “narcoestado”.
Falta de independencia
No es la primera vez que se relaciona con el tráfico de drogas a personas ligadas al poder en Caracas. Víctor Mijares, investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), recuerda que el diario ABC de España fue el primero que se hizo eco de acusaciones que vinculaban al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con una red de narcotráfico. También han recaído sospechas sobre generales de las Fuerzas Armadas venezolanas, y en medios de prensa se ha llegado a hablar del “cartel de los soles”, en alusión a los que llevan los uniformados en lugar de las usuales estrellas.
Pero el asunto se diluyó. Mijares lo atribuye a que “Venezuela no existen instituciones lo suficientemente fuertes e independientes como para procesar esa información”. El especialista afirma que “las instituciones están controladas por el partido de gobierno; y eso genera un problema de transparencia y de gobernabilidad democrática”.
Repercusión electoral
A su juicio, este es un punto que precisamente podrían capitalizar los candidatos opositores, “destacando sobre todo el hecho de que no existe capacidad institucional en Venezuela para procesar estos hechos; de ahí la importancia que tendría para la oposición controlar la Asamblea Nacional, para generar así un mecanismo de contrapeso”.
De hecho, el dirigente opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles, afirmó ya en Twitter que “la cancillería tiene que explicarle al país sobre el caso de narcotráfico con detenidos usando pasaporte diplomático venezolano”. Y también la plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió designar una comisión para investigar la detención de los familiares de Maduro.
Las repercusiones del hecho aún resultan imprevisibles. El exjefe de operaciones de la DEA en Venezuela, Michael Vigil, señaló a la emisora colombiana Bluradio, que los detenidos serán interrogados “para ver qué otras personas están involucradas”.
Por lo pronto, este es un escándalo que golpea directamente las aspiraciones electorales del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), ya de por sí bastante magulladas”, dice Mijares, agregando que está 30 puntos por debajo de la oposición. Y afecta por supuesto a la propia primera dama, Cilia Flores, que es también candidata a la Asamblea Nacional.
