El Senado de Uruguay aprobó el jueves la ley de reforma del sistema de seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que entre otras medidas aumenta la edad de jubilación de los 60 a un máximo de 65 años.
Después de que la Cámara de Representantes aprobara modificaciones al texto original y con 17 votos afirmativos de 28, los senadores de los partidos que integran la coalición de gobierno ratificaron los cambios a la norma, que será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto, ya devenido en ley, fue aprobado por la Cámara de Senadores en diciembre y pendía de la votación por parte de los diputados, donde objeciones del derechista Cabildo Abierto (CA) y del centroderechista Partido Colorado (PC) obligaron al Ejecutivo de Lacalle Pou a negociar.
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Miles de trabajadores iniciaron protestas
Creada con el aval de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, antes de su envío al Parlamento en octubre del 2022,la reforma fue calificada como "necesaria" y "solidaria" por Lacalle Pou, quien ha destacado su aprobación como una de las grandes prioridades de su mandato.
Sin embargo, no fue acompañada ni por la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio, que gobernó entre 2005 y 2020, ni por los sindicatos.
Miles de trabajadores de áreas como salud, el transporte o la educación se movilizaron este martes en Uruguay en el marco del paro general convocado por la central sindical PIT-CNT, para expresar su rechazo al proyecto, que calificaron de "socialmente ineficiente" y "contra la gente".
"Esta reforma no es para la gente sino contra la gente (...), no es ni justa ni democrática ni mucho menos solidaria pero además es socialmente ineficiente", dijo el portavoz del PIT-CNT Sergio Sommaruga, y advirtió que ahora la mayoría tendrá que "reventarse el lomo hasta los 65 años" para poder jubilarse.
Otra de las preocupaciones de los colectivos sociales es que acentúe "el problema del desempleo juvenil" en tanto ralentiza el reemplazo laboral, según declaró al periódico local El País el presidente del sindicato PIT-CNT, Marcelo Abdala, que ya evalúa la posibilidad de derogar la reforma.
