Bloomberg
Trump retrasará el fin del programa, Acción Diferida por Llegada Durante la Niñez, o DACA por su sigla en inglés, durante varios meses con la esperanza de que el Congreso pueda aprobar legislación que codifique las protecciones que el presidente Obama creó, dijo un funcionario del gobierno actual. Una segunda persona al tanto de la decisión de Trump dijo que el final del programa se retrasaría por seis meses.
Líderes empresariales y legisladores de los dos partidos han advertido al presidente que poner fin al programa tendría consecuencias económicas y sociales. Algunos republicanos, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, han dicho que aunque no están de acuerdo con la acción ejecutiva que inició la política hace cinco años, debería ser el Congreso el encargado de llegar a una solución más permanente.
El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo el lunes que la acción de Obama fue "un exceso presidencial", pero que los inmigrantes que protege "no conocen a ningún otro país que no sea Estados Unidos".
"Si el Presidente Trump toma esta decisión, trabajaremos para encontrar una solución legislativa a este dilema", dijo en un comunicado.
Hay algunas posibilidades legislativas, incluyendo dos proyectos de ley presentados por senadores republicanos. La Ley Dream de 2017 ( S.1615) codificaría partes del programa DACA, y la Ley Bridge ( S.128) extendería esas mismas protecciones durante tres años para dar a los legisladores más tiempo para elaborar una solución permanente.
El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, también planea introducir una medida que proteja a los jóvenes inmigrantes de la deportación durante cinco años si trabajan, buscan educación superior o sirven en el ejército.
Pero el Congreso enfrenta una crisis en septiembre: debe aprobar legislación para financiar el gobierno, aumentar la autoridad de endeudamiento de la nación y elevar el alivio de desastres para las víctimas del huracán Harvey.
Alrededor de 800.000 inmigrantes que llegaron a EE.UU. sin autorización cuando eran niños han recibido permisos de trabajo renovables de dos años bajo DACA y están protegidos contra la deportación. Los beneficiarios tienen que someterse a una verificación de antecedentes y certificar que no habían sido condenados por ningún delito grave.
Terminar el programa le costaría a los empleadores US$6.300 millones para despedir a aproximadamente 720.000 trabajadores y capacitar a sus reemplazos, de acuerdo con un informe de David Bier del Instituto Cato. Más de 350 ejecutivos de grandes empresas firmaron una carta dirigida al presidente la semana pasada instándole a preservar las protecciones de DACA.
