AFP
El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las cámaras de televisión- cierra las fronteras por 90 días a migrantes, y 120 días a refugiados, de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
La nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor el 16 de marzo, "es medida vital" para la seguridad nacional estadounidense, dijo el secretario de Estado, Rex Tillerson.
Por su parte, el secretario de Justicia y fiscal general, Jeff Sessions, dijo que el nuevo decreto "proporcionará una necesaria pausa para que podamos revisar el actual escrutinio de las personas que vienen desde países que nos preocupan".
Pero "los principios del decreto (original) se mantienen igual", afirmó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.
A diferencia del decreto que el presidente republicano había firmado en enero, el nuevo remueve a Irak del bloqueo automático, y los portadores de visas válidas y permisos de residencia están explícitamente protegidos, aclarando una provisión que había provocado un verdadero caos en diversos aeropuertos del país.
Los refugiados sirios, anteriormente vetados a perpetuidad, podrán eventualmente entrar después de 120 días, al igual que los refugiados de los otros cinco países. Y los refugiados cuyos viajes a Estados Unidos ya habían sido aprobados podrán venir.
Reacción inmediata
El primer decreto causó un revuelo mundial yTrump fue acusado de discriminación contra los musulmanes y de potencialmente violar la Constitución hasta que fue suspendido por un juez federal el 3 de febrero y finalmente revocado por el mandatario este lunes.
La nueva orden, el doble de extensa que la anterior, fue presentada como jurídicamente más sólida y contempla múltiples excepciones, entre ellas a extranjeros que trabajaron para el ejército estadounidense, una probable alusión a intérpretes iraquíes, muchos de los cuales habían sido bloqueados en los aeropuertos.
El gobierno justificó la urgencia de las medidas afirmando que más de 300 personas que ingresaron a Estados Unidos como refugiados eran objeto actualmente de una investigación antiterrorista del FBI.
Y describió extensamente las preocupaciones sobre seguridad en los seis países señalados.
Tres de ellos, Irán, Siria y Sudán, son parte de la lista del Departamento de Estado de países promotores del terrorismo, y otros tres han sido "significativamente comprometidos por las organizaciones terroristas" (Libia, Yemen y Somalia).
La nueva redacción satisfizo a los republicanos: "Este nuevo decreto promueve nuestra meta compartida de proteger el país", se felicitó el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Pero la oposición demócrata organizaciones no gubernamentales denunciaron una medida aún discriminatoria, anunciando resistir en las cortes.
El director ejecutivo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, expresó la "preocupación" de esa oficina de que la orden "aunque sea temporaria, puede agravar la angustia de aquellos que afecta".
En tanto, Grace Meng, experta del grupo humanitario Human Rights Watch, definió el nuevo decreto de Trump como "una sopa recalentada".
"La obsesión de Trump con la discriminación religiosa es asquerosa", afirmó el Comité Nacional del Partido Demócrata, señalando que el nuevo "bloqueo a los musulmanes es tan inconstitucional como el anterior, y no hará que nuestro país sea más seguro".
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, quien había logrado la cancelación de los efectos del decreto original, dijo a la prensa que su equipo analizaba "cuidadosamente" la nueva orden ejecutiva.
"Nos veremos en la corte"
Por su parte, Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Derecho para Migración, señaló que "nuestro mensaje al gobierno de Trump es éste: Nos veremos en la corte".
Al cierre de la jornada, decenas de manifestantes se agolparon frente a la Casa Blanca para protestar la medida, portando pancartas que leían "Lucha contra la ignorancia, no contra los inmigrantes" y "No a la prohibición, no al muro y no a las redadas".
"Es importante mostrar cuando Trump arremete contra uno de nosotros que no nos mantendremos callados frente a la injusticia", dijo a la AFP, Caroline Short, una activista de 29 años, tachando el decreto de "totalmente ridículo".
"Será un arma de reclutamiento para terroristas", añadió.
Patricio Provitina, un argentino-estadounidense de 33 años, denunció "un decreto totalmente discriminatorio" que "no tiene racionalidad" y busca "dividir al país".
La nueva polémica abre otro frente más en la convulsionada presidencia Trump, afectada por el caso de contactos con Rusia y el escándalo político que estalló el sábado, cuando el presidente acusó a su antecesor, Barack Obama, de ordenar la intervención de los teléfonos de sus oficinas durante la campaña electoral.
