Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el martes que los agentes de inmigración estadounidenses no pueden separar a los padres y niños inmigrantes detenidos cruzando ilegalmente la frontera de México y que deben trabajar para reunir a las familias que todavía están separadas en el plazo de 30 días si los niños son mayores de 5 años y en dos semanas si son menores de cinco.
La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Diego, Dana Sabraw, dio la razón así a la demandante Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en una orden judicial preliminar.
"Los hechos expuestos ante el tribunal describen respuestas del gobierno para abordar una circunstancia caótica que el propio gobierno había creado", escribió Sabraw. "Una acción de gobierno mesurada y ordenada es fundamental para el debido proceso consagrado en nuestra Constitución", continúa.
El fallo de Sabraw podría obligar a la administración a abordar rápidamente la confusión que dejó la orden de Trump y las agencias gubernamentales para tratar de volver a reunir a las familias (unos dos mil niños siguen separados de sus padres), aunque la administración puede todavía apelar.
La demanda de ACLU fue en nombre de una madre y su hija de 6 años, que fueron separadas después de llegar en noviembre pasado a Estados Unidos para buscar asilo y escapar de la persecución religiosa en la República Democrática del Congo. Y también, de un menor de 14 años separado de su madre brasileña.
Otra demanda, presentada también este martes por diecisiete Estados de Estados Unidos y Washington, argumenta que la separación de los menores viola los derechos constitucionales de los inmigrantes y la legislación estadounidense al respecto. La demanda fue presentada pese a la orden ejecutiva de Trump de la semana pasada con la que se frenó la práctica de separación de las familias de inmigrantes.
La ACLU está llevando a cabo además demandas colectivas en nombre de otros inmigrantes.
