Tras dos meses de confinamiento, España frena el COVID-19 y está en desescalada
Tras dos meses de confinamiento, España frena el COVID-19 y está en desescalada
Desde que el 14 de marzo el Gobierno declaró el estado de alarma -lo que suponía limitar los movimientos de la población solo para ir a trabajar en los sectores autrorizados y para hacer las compras de primera necesidad- la pandemia se ha cobrado en España 27.104 fallecimientos y ha habido 228.691 casos declarados, según los últimos datos oficiales.
Pese a estas cifras, España no tiene inmunidad de grupo frente al coronavirus, ya que sólo un 5 por ciento de la población, poco más de dos millones de personas de un total de 47 millones, desarrolló anticuerpos, según un estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad a 60.000 personas y publicado ayer.
Con estos datos, crecen las incógnitas sobre el ritmo de la desescalada del confinamiento, que ya ha comenzado en medio país, pero la otra mitad espera hacerlo en breve, aunque los expertos técnicos admiten el temor a un rebrote de la pandemia.
Entre las zonas que aún no gozan de las primeras medidas de desconfinamiento están la Comunidad de Madrid y la mayor parte de Cataluña, donde se sitúan las dos principales ciudades españolas, la capital y Barcelona, ambas con una fuerte incidencia de la enfermedad.
La región de Madrid solicitó ayer pasar a la primera fase de desconfinamiento, después de que hace una semana fuera rechazada su petición, pero Cataluña, en su nueva solicitud ha dejado fuera a Barcelona y a su área metropolitana.
En los últimos sesenta días, el Gobierno ha adoptado medidas sin precedentes para proteger la salud y contener los devastadores efectos económicos, por ejemplo, se cerraron las escuelas, los comercios y se suspendió la actividad económica, excepto en los sectores esenciales.
Estas medidas frenaron la enfermedad pero han causado la pérdida de casi un millón de empleos, sobre todo en el sector del comercio, el ocio y el turismo, uno de los pilares de la economía española y obligó al Gobierno a movilizar 200.000 millones de euros, casi un 20 % del PIB, para combatir los efectos económicos de la pandemia.
Todas estas medidas no han estado exentas de polémica, sobre todo por parte de la oposición conservadora, que exige al Ejecutivo una reactivación de la actividad económica después de semanas de inactividad.
Como ejemplo, la primera prórroga del estado de alarma fue autorizada por el Congreso sin ningún voto en contra, pero en las tres ocasiones siguientes fue perdiendo apoyos progresivamente y en la última, votada el pasado 6 de mayo, contó con 75 votos en contra y con la abstención del conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición.
