María José Carrasco (61) vivió un calvario los últimos 30 años de su vida porque padecía esclerosis múltiple. Esta enfermedad terminal e irreversible, la limitó al punto de ser completamente dependiente de su marido, Ángel Hernández, quien la tenía que asistir en todas su actividades.
Incluso él sabía que cuando ella tomara la decisión de morir, él también tendría que ayudarla. Y así fue.
Este jueves la policía española informó que el hombre de alrededor de 70 años quedó detenido por proveer a su mujer una sustancia definitiva que la hizo terminar con su vida. Durante el mes de octubre del año pasado, en entrevista con El País, Carrasco había revelado que lo único que la detenía para no tomar la decisión final era su temor a lo que le podía pasar a su marido: "Él no tiene miedo, pero yo sí”.
Tras el aviso que dio Hernández al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA) de que le había suministrado una sustancia a María José para provocar su muerte, fue arrestado en su casa ubicada en la calle Federico Carlos Sáinz de Robles, distrito de Moncloa Aravaca. Actualmente, se encuentra en una celda de una comisaría de Madrid para pasar este viernes a disposición judicial.
De acuerdo a lo que asegura José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, Hernández sería juzgado bajo el artículo 143.4 del Código Penal, que establece una “horquilla de pena atenuada, que quedaría entres los seis meses y los dos años de prisión”, señaló en el medio citado anteriormente. Por esta razón, no sería necesario que Hernández tenga que estar tras las rejas.
Incluso Martín Pallín criticó la detención de Ángel. "En un caso así, sin riesgo de fuga, hubiera bastado con que la policía le llamara a declarar y luego pasara el atestado al juzgado de guardia". Para el abogado, la defensa de Hernández podría apelar a ser eximido de responsabilidad por actuar "en el cumplimiento de un deber moral, amparado por el derecho a la dignidad recogido en la Constitución".
El marido de la fallecida podría no tener que cumplir condena en prisión, si no tiene antecedentes penales y si la pena es inferior a dos años. "No me gusta la idea de una eutanasia institucionalizada, pero en casos concretos, cuando se hace por amor y a petición de alguien, no sé si hay un reproche penal que justifique que esa persona entre en prisión", declaró Pallín.
De acuerdo a varias encuestas, más del 80% de los españoles están a favor de la eutanasia.
