El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, aceptó este martes un pedido presentado la víspera por el procurador general, Augusto Aras, para investigar una "posible violación de la Ley de Seguridad Nacional" en los actos que exaltaban la dictadura militar en el país (1964-1985) y en los que participó el mandatario Jair Bolsonaro.
Moraes consideró que los actos del pasado domingo son "gravísimos", pues atentan contra "el Estado Democrático de Derecho brasileño y sus instituciones republicanas", pues se pedía una intervención militar y el cierre del Congreso. Según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF), también se investigará la presunta organización y financiación de las manifestaciones.
La decisión de Moraes, que respondió a un pedido hecho por la Fiscalía General de la República, que no menciona al presidente Bolsonaro, sino a "varios ciudadanos, incluso diputados federales", también determina que la investigación deberá correr bajo secreto de Justicia.
El domingo unas 600 personas se agolparon frente a las puertas del Cuartel General del Ejército en Brasilia gritando consignas y con pancartas defendiendo una "intervención militar ya con Bolsonaro" y pidiendo un nuevo AI-5 (Acta Institucional número 5), un decreto que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales.
Bolsonaro acudió frente a la movilización y tomó la palabra por varios minutos. "No queremos negociar nada", gritó el mandatario de ultraderecha que ha atacado al presidente del Congreso, Rodrigo Maia, y a gobernadores y alcaldes que defienden medidas de cuarentena durante el avance del coronavirus, que ya cobró 2.575 muertos y suma 40.581 casos en Brasil.
Tras el aluvión de críticas, Bolsonaro moderó su discurso este lunes, salió en defensa de la democracia y se opuso a un eventual cierre de la Corte Suprema y del Congreso.
