"Ayotzinapa demuestra la incapacidad del gobierno mexicano para realizar investigaciones y la facilidad que tiene para armar teatros y telenovelas para el público".
Omar García Velásquez se refiere de esta manera a la que algunas organizaciones describen como la mayor mancha del gobierno de México en materia de derechos humanos.
Habla de la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes en Iguala, una ciudad de 100.000 habitantes del estado de Guerrero.
García Velásquez estuvo allí y logró sobrevivir.
Le contó su testimonio a BBC Mundo en Londres, Reino Unido, a donde llegó de la mano de redes de solidaridad internacional para reunirse con el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y recordar la tragedia ante el Parlamento británico.
"Pensamos que no podía pasar nada"
El 26 de septiembre de 2014 García Velásquez estaba en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaba, cuando recibió una llamada.
"Mis compañeros habían salido rumbo a Iguala y a las 09:00 de la noche me llamaron, diciendo que la policía los estaba atacando y que había un muerto", le cuenta el joven de 26 años a BBC Mundo.
Según explica, unos 90 estudiantes habían ido a la ciudad, situada a unos 250 kilómetros de Ayotzinapa, con una sola intención: tomar varios autobuses de ruta para poder ir a Ciudad de México el 2 de octubre y participar así en la marcha que cada año conmemora una masacre de estudiantes ocurrida en 1968 en la capital mexicana.
"A eso habían ido a Iguala, a nada más", asegura.
Habían ido en dos autobuses, allí tomaron tres más, y pretendían salir de la ciudad en distintas direcciones.
Así que cuando García Velásquez y el resto de estudiantes que quedaban en la escuela oyeron hablar de disparos, muertos y compañeros detenidos, decidieron organizarse e ir a Iguala a averiguar lo que estaba ocurriendo.
Una vez allí, los sobrevivientes les contaron que la policía los había perseguido por las calles de la ciudad, que disparararon a los autobuses y que finalmente los interceptaron, recuerda el estudiante.
"Los bajaron a todos, los golpearon y luego los subieron a las patrullas".
Fue ahí donde les perdieron el rastro a 43 estudiantes. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
"Cuando llegamos a Iguala convocamos a la prensa, para que tomaran nota y fotografías de la escena", relata García Velásquez.
"Temíamos que la policía volviera a recoger los casquillos percutidos de las armas para borrar las evidencias", explica.
"Pero con la prensa allí nos sentimos muy tranquilos, pensamos que no podía pasar ya nada".
Sin embargo, cuenta que hacia la media noche volvió la balacera.
"Nos tiramos al suelo, algunos nos cubrimos bajo los coches o tras los postes. Y otros corrieron, cada quien por su lado", cuenta.
"Fue allí donde mataron a dos compañeros, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Y a Julio César Mondragón Fontes se lo llevaron".
Su cadáver fue encontrado al día siguiente, desollado, sin rostro.
"Lo único que quieres es correr"
El informe presentado al año de los sucesos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno mexicano- señala que entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques.
A nivel oficial se habla de cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos.
Pero los investigadores aseguran que son 180 las "víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos" en aquellos nueve ataques.
La gran mayoría de ellos eran jóvenes y muchos menores de edad.
García Velásquez, quien se encontró en medio de uno de esos ataques, dice no poder asegurar quiénes fueron los autores.
"No vimos a los atacantes. Tampoco podemos afirmar que fue la policía", reconoce.
"Eran las doce de la noche y estaba oscuro. Solo podíamos ver los destellos de las armas que nos estaban disparando. Y lo único que quieres en ese momento es correr".
Por eso, insiste en que hay que esperar los resultados de las investigaciones, "a algo que se pueda comprobar con una secuencia de hechos".
Hasta el momento se han llevado a cabo dos, una por la Procuraduría General de la República (fiscalía) y otra, aún en curso, por los expertos independientes.
Y se manejan varias hipótesis.
Se han realizado 600 operativos de búsqueda, no solo en Guerrero sino también en el Estado de México y en Puebla, dos regiones aledañas.
En ellos se han detenido a más de 100 personas, entre ellas al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda.
A esta última la Fiscalía la acusa de ser la uno de los principales líderes de la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos.
Esta escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leiva es, según la entidad, la responsable del crimen.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto sostiene que los estudiantes que desaparecieron en Iguala fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del vecino municipio de Cocula.
Pero los estudiantes que sobrevivieron a los ataques y los padres de las víctimas refutan esa versión, algo que también han descartado los investigadores independientes.
"Los queremos vivos"
"Hasta hoy no hay indicios de que nuestros compañeros hayan sido asesinados y calcinados, como la PGR menciona", insiste García Velásquez.
Por ello, el sobreviviente, así como los padres de las víctimas, sigue esperando que los entreguen vivos.
"Siempre lo vamos a esperar, a menos que nos demuestren lo contrario", dice García Velásquez, tajante.
Aunque la noche de 26 de septiembre de 2014 no pudo ver a los autores de los disparos, dice tener claro quién es el responsable de lo sucedido.
"Fue la policía la que actuó esa noche, al mando de autoridades civiles, de autoridades municipales coordinadas con otras fuerzas del orden", dice.
"¿En coordinación con el crimen organizado?", se pregunta, de forma retórica.
"No nos importa. Sabemos que muchas instituciones están infiltradas por el narco y que en muchos lugares es el narco el que manda. Pero todo eso es responsabilidad del Estado, por no tener filtros, por no tener lo que deba tener para evitarlo", explica.
"Por eso para nosotros (el de Ayotzinapa) es un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado".
Y aún así, García Velásquez asegura que las autoridades no asumen esa responsabilidad.
"Nos hemos sentido burlados por las autoridades", asegura.
"El 5 y el 6 de octubre de 2014 encontraron 28 cuerpos en cinco fosas clandestinas, y se apresuraron a decir que eran nuestros compañeros", recuerda.
"Entonces tuvimos que acudir a los peritos argentinos, quienes vinieron, tomaron muestras de ADN y demostraron que no eran nuestros compañeros", añade.
"A partir de ese momento la credibilidad del Estado mexicano se vino abajo y también nuestra confianza".
"Estrategia de desgaste"
Pero no es eso lo único que achaca a las autoridades.
También los acusa de valerse de una "estrategia de desgaste".
"Le están apostando al tiempo (...) a fin de que el movimiento (de sobrevivientes y estudiantes) se desgaste, las familias se desesperen y dejen de luchar por sus desaparecidos, y al mismo tiempo se mine la solidaridad internacional", asegura.
Reconoce que en cierta medida está pasando, que el tema ya no tiene la misma presencia en los medios ni en las conversaciones de los mexicanos.
"Pero yo estoy acá, los padres (de los 43 desaparecidos) están recorriendo el país y los medios están allá", subraya.
"Para nosotros, más importante que estar en los medios, es tener gente que nos apoye en todos los lugares", asegura.
"La organización es nuestra prioridad".
A eso se dedica desde los ataques, a dar testimonio y a tratar de que lo que ocurrió aquella noche en Iguala no se olvide.
Y dice que por ello ha tenido, al igual que el resto de sobrevivientes, que enfrentar un "terrible estigma".
"El movimiento en general estamos viviendo un estigma, una criminalización de nuestros actos", explica.
"Desde el principio trataron de vincularnos al narcotráfico y los medios de comunicación afines al gobierno mexicano no nos han sacado de esa lógica", dice.
"Para ellos somos narco y por tanto lo que nos pasó es algo que merecemos".
"Combatientes e incómodos"
García Velásquez se siente contrariado cuando se le pregunta si su escuela, la Normal Rural, es combativa.
"Combatiente más bien", corrige.
Y rechaza el apelativo de "semillero de guerrilleros" que algunos han empleado para describirlos.
"Nido de comunistas, nos decían también en los sesenta", bromea.
"Estamos siempre del lado del pueblo", afirma.
"Somos incómodos para el sistema".
Y asegura que así seguirán, "incomodando".
Porque "hoy en día Ayotzinapa es una apuesta", dice.
"Si no se resuelve Ayotzinapa es difícil que otros problemas que tienen que ver con derechos humanos en México sean resueltos", asegura.
"Es decir, si este problema ha sido difundido a nivel nacional e internacional como pocos en la historia de México no se resuelve, mucho menos se van a resolver los que no se conocen".
Y de acuerdo a las cifras oficiales, en los últimos 10 años ha habido en el país más de 26.000 desapariciones forzadas.
