AFP
De los 14 miembros del gobierno destituido citados a declarar faltaban 5, incluyendo a Puigdemont, que se fue a Bélgica denunciando la falta de garantías judiciales; en cambio, sí acudieron el vicepresidente Oriol Junqueras, o el ex responsable de Exteriores Raúl Romeva.
A unos cientos de metros, en el Tribunal Supremo, llegaron los seis miembros de la mesa del parlamento catalán citados a declarar, con la presidenta de la cámara a la cabeza, Carme Forcadell.
Los 20 acuden en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del gobierno catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
"Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas", denunció Puigdemont en un comunicado.
En cambio, el dirigente de 54 años aclaró que algunos de sus consejeros responderán a la convocatoria "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas".
La incomparecencia de Puigdemont podría desembocar en su detención en Bélgica, a demanda de las autoridades españolas, y en un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que Puigdemont no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
