AFP
El senado de Argentina autorizó este miércoles por unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la ex presidenta Cristina Kirchner en Argentina, un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.
La votación fue afirmativa por parte de los 67 senadores presentes en la sesión, incluida la propia Cristina Kirchner. No hubo abstenciones.
El pedido de allanamiento había sido solicitado por el juez Claudio Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la ex mandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios.
La sesión se prolongó durante seis horas, con intervenciones de 24 senadores.
En su discurso, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.
"Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada", aseveró.
Debido a sus fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
La semana pasada, una sesión en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio había fracasado por falta de quórum.
Resguardo de intimidad
Como antesala, en una carta a los distintos bloques del Senado difundida el martes, Kirchner se declaró dispuesta a que se allanaran sus domicilios de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.
También solicitó la presencia de sus abogados y un senador durante los allanamientos.
Esos pedidos, especialmente el de impedir la divulgación de imágenes, fue apoyado por varios congresistas con el argumento del resguardo de la intimidad.
Kirchner "merece respeto. Allanen, busquen las pruebas, pero con respeto. Respeten la dignidad humana", enfatizó el senador Adolfo Rodríguez Saa, de la Unidad Justicialista (peronista).
Sin embargo, una moción específica para garantizar esas condiciones no tuvo la aprobación de la mayoría de los senadores, que consideró que la propia justicia asegurará el buen procedimiento.
Al anochecer, algunos de sus partidarios se congregaron a las puertas del edificio donde vive la ex presidenta en Buenos Aires, para expresarle su apoyo. "Cristina es del pueblo y no la toca nadie", gritaban.
El martes, miles de personas se habían manifestado frente al Congreso, horas antes del debate parlamentario, para reclamar la autorización de los allanamientos y que se levante la inmunidad parlamentaria a la senadora.
"¡Cárcel a Cristina!", "¡que devuelvan la plata!", fueron algunas de las consignas de los manifestantes.
En busca del dinero
Kirchner, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como "los cuadernos de la corrupción", que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría implicar alrededor de 160 millones de dólares.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un ex chofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, que habría sido recibido siempre en efectivo.
A los apuntes del chofer se sumaron luego las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido, y más recientemente dos ex funcionarios de los gobiernos de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner.
Además de esta causa, Cristina Kirchner enfrenta otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 que provocó 85 muertos y 300 heridos.
