Brasil: Lula da Silva es condenado a 9 años y medio de cárcel por arista del caso Lava Jato
Brasil: Lula da Silva es condenado a 9 años y medio de cárcel por arista del caso Lava Jato
Por AFP/T13
Fue el juez Sérgio Moro quien condenó este miércoles al ex Presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva a nueve años y medio de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Esto como parte de una de las aristas del caso Lava Jato.
La acción penal puntual que condenó al ex mandatario hoy corresponde a una vinculada a la compra y reacondicionamiento de un departamento tríplex Guarujá en el litoral de Sao Paulo. En concreto, Lula habría recibido 3,7 millones de reales por parte de la empresa OAS como resltado de los contratos obtenidos con la empresa estatal brasileña Petrobras.
"Entre los delitos de corrupción y lavado, hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a 9 años y seis meses de reclusión", determinó Moro, a cargo de la investigación Lava Jato sobre sobornos en la petrolera estatal. El juez, además, ordenó confistar el inmueble.
Tras la decisión del juez, la sentencia debe ser ratificada por el Tribunal Regional Federal (segunda instancia) para que Lula sea arrestado. En promedio, dicho proceso demora un año y medio para los casos que lleva Moro, reporta Folha de Sao Paulo.
El juez consideró que una eventual prisión inmediata de un ex presidente "no deja de involucrar ciertos traumas" y que la "prudencia" recomienda que se espere el fallo de segunda instancia.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, ha negado categóricamente los cargos y los ha atribuido a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018. Para que su postulación sea bloqueada deberá ser condenado en segunda instancia.
Con este fallo, reporta BBC, Lula se convierte en el primer ex presidente en la historia de Brasil en ser condenado por delitos de corrupción. El ex mandatario Fernando Collor de Mello fue absuelto en 2014 de los crímens de desvío de fondos públicos y corrupción pasiva por falta de pruebas, por acusaciones durante el periodo en que ejerció el cargo, entre 1990 y 1992.
