La conferencia “Nuestro océano”, realizada los pasados días 5 y 6 de octubre en Valparaíso, Chile, tuvo como objetivo estudiar medidas para garantizar la salud y sustentabilidad de los mares. Tanto Estados Unidos como Chile anunciaron durante el encuentro la creación de nuevas áreas marítimas protegidas.
Esto se sumó a la iniciativa de Nueva Zelanda, que recientemente declaró la prohibición de pescar en una enorme reserva natural marina. Además, el presidente estadounidense, Barack Obama, dio a conocer una serie de medidas que su país adoptará a fin de combatir la pesca ilegal.
DW habló a este respecto con Tony Long, director del proyecto contra la captura ilegal de peces en la organización Pew Charitable Trusts.
DW: ¿Qué tan importantes son todos estos anuncios con miras a la protección de los océanos para las futuras generaciones?
Tony Long: Creo que son muy importantes. El liderazgo demostrado por Chile y Estados Unidos es un ejemplo para otros países en todo el mundo. El establecimiento de reservas marinas es una medida excelente para proteger el hábitat marino y para lograr océanos limpios. Y si a esto se le agrega el propósito estadounidense de estar a la vanguardia mundial en el uso apropiado de las tecnologías medioambientales, a través de su iniciativa Sea Scout, comienza a verse un paquete alentador para la protección de los océanos.
El problema de la pesca ilegal es global, y no se limita a delitos focalizados, sino que se extiende debido a las flotas que cubren grandes distancias y que se mueven atravesando las fronteras marinas. Así que la única manera de combatir este fenómeno consiste en compartir información y trabajar en conjunto.
¿Cuál es la magnitud del problema?
Las cifras que se manejan actualmente estiman que uno de cada cinco ejemplares de peces está afectado de alguna manera por diversas actividades ilegales. Esto equivale a 23 millones de toneladas anuales, o 20.000 millones de euros en recursos pesqueros cada año.
¿Cuáles son las áreas más afectadas?
La tendencia es que la pesca ilegal afecte a países con menores recursos para proteger sus zonas económicas, y que al mismo tiempo sean ricos en recursos pesqueros. Hablamos típicamente de países costeros en el este y el oeste de África, pero también de Indonesia, Tailandia y las Filipinas. En estos archipiélagos se dificulta enormemente supervisar las actividades pesqueras.
¿Qué modalidades presenta la pesca ilegal?
Nosotros nos concentramos en observar la actividad de grandes barcos industriales que tienden a navegar grandes distancias, pescando en las zonas económicas de países que no pueden protegerlas. Generalmente no cuentan con las licencias correspondientes, o usan licencias duplicadas. También practican la sobrepesca sin reportarla. Además, algunos “transfieren” el pescado en altamar: “lavan” recursos pesqueros de la misma manera en que otros lo hacen con el dinero. Por eso es un problema que requiere soluciones muy complejas.
¿Deberían hacer algo también los gobiernos de los países consumidores?
Hay varias maneras de hacer frente a la pesca ilegal, por ejemplo, los métodos tradicionales de combate al crimen, patrullajes marítimos que capturen a los delincuentes in fraganti. Pero esto cuesta mucho dinero y resulta ineficiente si se toma en cuenta el tamaño de los océanos y la magnitud de los recursos que se necesitan. Así que los mercados son actualmente un área crucial. Cualquier país que quiera importar pescado y luego volverlo a exportar tiene que firmar el Acuerdo de Medidas para los Estados Portuarios. Se trata de un protocolo de la ONU que permite a países que sospechan estar afectados por la pesca ilegal rechazar los navíos implicados. Es una medida muy efectiva que implica costos para los pescadores ilegales.
¿Y el consumidor final qué puede hacer?
Ellos tienen un problema. En el momento de la compra es ya extremadamente difícil rastrear el origen de los productos. Muchos consumidores solamente alcanzarán a ver que se registra un origen muy general, como “Océano Índico” u “Océano Pacífico” en el paquete que están comprando. Lo primero que pueden hacer los consumidores es hacer más preguntas a los distribuidores y los restaurantes, acerca de dónde adquieren el pescado.
Entrevista realizada por Irene Quaile
