La suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff propuso este martes (16.08.2016) un plebiscito sobre la realización de elecciones anticipadas y volvió a insistir en que el juicio político en su contra sería un golpe de Estado. La expectativa general es que sea juzgada y destituida permanentemente del cargo a fines de agosto, según sondeos realizados por periódicos locales a senadores.
"No es legítimo, como quieren mis acusadores, apartar a un jefe de estado y de Gobierno por el conjunto de su obra. Quien aparta al presidente por el conjunto de su obra es el pueblo y sólo el pueblo en elecciones", dijo Rousseff en un mensaje al Senado, que tendrá que decidir el 25 de agosto si se le abre el juicio político que podría apartarla definitivamente del poder. En su mensaje pidió a los senadores que no la condenen por un crimen que no cometió ya que, dijo, los actos de los que se le acusan fueron legales. "Resistí la cárcel y la tortura. Me gustaría no tener que resistir el fraude y la más infame injusticia", dijo la presidenta.
Nueva investigación
Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió una nueva investigación contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva y los exministros Aloizio Mercadante y José Eduardo Cardozo, además de un senador destituido y dos magistrados. El magistrado Teori Zavascki atendió así una solicitud presentada en mayo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien sospecha que obstaculizaron las investigaciones por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
La solicitud ya había sido rechazada en un principio por utilizar escuchas telefónicas ilegales. El procurador, sin el amparo de las escuchas, envió de nuevo el pedido en junio, durante el receso del poder Judicial por las vacaciones de mitad de año, que ahora fue atendido por Zavascki. Los abogados de Lula, en tanto, señalaron en una nota de prensa que el expresidente "jamás practicó cualquier acto que pueda configurar crimen de obstrucción a la Justicia".
"Lula no se opone a cualquier investigación, desde que sea observado el debido proceso legal y las garantías fundamentales", explicó la defensa de Lula, quien es investigado dentro del proceso de la 'Operación Lava Jato', como se conoce el caso de corrupción enquistado en la petrolera estatal Petrobras.
