El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó hoy (10.08.2016) una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para intentar frenar el controvertido proceso de destitución de la mandataria.
La denuncia presentada, entre otros, por tres diputados del PT, pide medidas de protección para Rousseff ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la OEA, por la presunta violación de sus derechos. La petición apunta a lo que considera irregularidades en el proceso de destitución que se le sigue a Rousseff en Brasil y califica de golpe de Estado el proceso impulsado por las dos Cámaras del Legislativo y aprobado por el Tribunal Supremo de Brasil.
Según el diputado Paulo pimenta, las irregularidades que mencionan “están en desacuerdo con protocolos internacionales firmados por Brasil”. “Vamos a pelear en todas las esferas, ya sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe”, agregó.
La defensa de Rousseff, así como la demanda, niegan los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
La demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos, y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que suspenda el juicio político, que el Senado ha aprobado recientemente, faltando una última fase en la que los 81 miembros de esa cámara deben decidir si la mandataria será destituida definitivamente, la fecha para esa votación será determinada en los próximos días.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó la recepción de la petición. El organismo “dará trámite normal a la petición y a la solicitud de medida cautelar”, comunicó el organismo en Washington. Sin embargo, las medidas cautelares de la OEA, conformada por todos los Estados americanos, con excepción de Cuba, presentan reclamos a las autoridades de un país y piden protección para los derechos de una persona, pero no tienen en la práctica carácter vinculante.
