Brasil registró en 2017 un récord de asesinatos que tuvo como principales víctimas a jóvenes negros y que podría agravarse con la flexibilización del control de armas decretada por el gobierno de Jair Bolsonaro, según un informe de un organismo oficial publicado el miércoles.
En total 65.602 personas fueron asesinadas en 2017, un promedio de 31,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, indica el "Atlas de la violencia" realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA, dependiente del Ministerio de Economía), en base a datos del Ministerio de Salud.
El aumento del número anual de asesinatos fue de 36,1% desde 2007 y de 4,9% entre 2016 y 2017.
El Foro de Seguridad Pública, una ONG, había publicado en 2018 una evaluación de 63.800 homicidios en 2017, presentada igualmente como un récord histórico, en base principalmente a reportes policiales.
La diferencia de 1.800 muertos no cambia radicalmente el fondo del problema.
El riesgo de ser joven y negro
Este es el perfil tipo de las víctimas establecido por el IPEA: "Hombre joven soltero, negro, con un máximo de siete años de escolarización, que se encuentre en la calle en los meses más calurosos del año entre las 18H y las 22H".
Casi 60% (59,1%) de las muertes de jóvenes de 15 a 19 años se deben a asesinatos.
"Estamos matando a nuestra juventud", alertó el coordinador del informe, Daniel Cerqueira.
Tampoco es fácil ser negro: de 2007 a 2017, la tasa de negros víctimas de homicidios aumentó 33,1% y la de blancos 3,3%. Y de los 65.620 asesinados de 2017, el 75% eran negros o mestizos.
"Uno de los grandes elementos que caracteriza a la sociedad brasileña es el racismo (...). Somos un país que convivió con la esclavitud negra durante 350 años y los reflejos de eso se ven en la desigualdad educativa, de oportunidades, en el mercado laboral y en la mortalidad", dijo Cerqueira.
También aumentó el número de mujeres asesinadas: en 2017 fueron 4.936, o trece por día, 66% de ellas negras. El dato marca un aumento de 30,7% desde 2007.
El Atlas de 2017 apunta igualmente un fuerte crecimiento de las denuncias de homicidios contra la población LGBTI, que pasaron de 5 en 2011 a 193 en 2017.
El coste de esa violencia galopante es sideral: sumando los gastos (seguridad, seguros, atención médica, etc.) equivale al 6% del Producto Interno Bruto de la principal economía latinoamericana, dijo el IPEA.
