AFP
Defendido por los dirigentes europeos como un "acuerdo modelo", el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, que prevé la supresión del 99% de los aranceles entre ambas regiones, enfrenta duras críticas, al igual que el impopular TTIP discutido con Estados Unidos.
Unos 550 millones de consumidores
Tras siete años de negociaciones, el Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA por sus siglas en inglés, uniría a unos 35 millones de canadienses y unos 510 millones de europeos en un único espacio de libre comercio.
Según Bruselas, el CETA suprimirá en la práctica el pago de 500 millones de euros en derechos de aduana para los productos europeos exportados a Canadá.
Ottawa es el 12º socio comercial de la los europeos en materia de importaciones (1,6% de importaciones de la UE) y el 13º respecto a las exportaciones (2,0%), según cifras publicadas el domingo por el instituto de estadística europeo Eurostat.
El excedente comercial de la UE con Canadá se elevó en 2015 a 6.900 millones de euros para los bienes y a 3.800 millones de euros para los servicios.
Excepciones agrícolas
La supresión de los aranceles no afectaría a los productos considerados sensibles, como la carne de vacuno y de cerdo canadienses exportadas a la UE. El acuerdo garantiza además una protección adicional a 143 productos europeos con denominación de origen controlado.
Las empresas europeas podrán acceder también a las licitaciones públicas canadienses, incluso a nivel de las ciudades y las provincias que gestionan una parte importante del gasto público. Los europeos consideran un avance este punto, después de haber otorgado un amplio acceso a sus mercados a las empresas canadienses.
Este acuerdo no modificará las reglas europeas sobre seguridad alimentaria o protección del medio ambiente, ya que las compañías canadienses no podrán exportar productos que no respeten las normas del bloque. Por ejemplo, la carne de vacuno tratada con hormonas seguirá sin estar autorizada.
Tribunal de arbitraje
Un punto sensible del acuerdo es que posibilita a las multinacionales que invierten en un país extranjero a demandar a un Estado, si adopta una política pública considerada contraria a sus intereses.
Este mecanismo permitió a la tabacalera estadounidense Philip Morris demandar a Uruguay por su política antitabaco o al gigante minero Oceanagold llevar ante la justicia a El Salvador por denegarle un permiso de explotación por motivos medioambientales.
En virtud del CETA, un tribunal de arbitraje de 15 magistrados profesionales nombrados por la UE y Canadá, cuyas audiencias serán públicas, resolverán los litigios. "Una especie de corte pública de inversiones que abre la vía a un tribunal internacional de inversiones", según un negociador europeo.
Las ONG's temían que estos jueces fueran abogados de negocios vinculados a gabinetes privados, pero Bélgica obtuvo del ejecutivo europeo y del Consejo garantías para que no fuera así, señaló el presidente de la región belga de Valonia, Paul Magnette.
El mecanismo de arbitraje no estará vigente de todas formas durante el período de aplicación provisional del CETA, tras su firma y la aprobación de los parlamentos canadiense y europeo, a la espera del complejo proceso de ratificación por los 28 países del bloque.
