AFP
El presidente catalán destituido Carles Puigdemont llamó este sábado a resistir pacíficamente ante la toma de control de Cataluña por el gobierno español tras la declaración de independencia en el parlamento regional.
"Seguiremos trabajando para construir un país libre", afirmó Puigdemont en un discurso televisado menos de 24 horas después de una declaración de independencia que agravó, todavía más si cabe, una crisis de proporciones inusitadas en décadas.
Oficialmente esta región de 7,5 millones de habitantes se levantó bajo control de la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría y con sus antiguos dirigentes independentistas destituidos.
El parlamento también estaba disuelto después de que el jefe de gobierno central, el conservador Mariano Rajoy, anunciara elecciones para el 21 de diciembre para restaurar la normalidad en esta región, convulsionada tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
En la sede del gobierno catalán, el palacio de la Generalitat en Barcelona, frente al que miles de personas celebraron en la víspera la declaración de independencia, seguía ondeando la bandera española.
Nadie del destituido gobierno regional (o de la república según los independentistas) se había pronunciado hasta el discurso de Puigdemont.
"Tenemos claro que la mejor manera de defender las conquistas obtenidas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155" de la Constitución, que sirvió al poder central para proceder a la toma de control de la administración regional.
La copia del discurso, divulgada por su servicio de prensa, lleva la firma de Puigdemont acompañada de "presidente de la Generalitat de Cataluña". En su intervención estuvo flanqueado por una bandera catalana y otra de la Unión Europea (UE).
Riesgo de un poder paralelo
Tras años de escalada entre Barcelona y Madrid por los intentos de las autoridades catalanas de celebrar un referéndum sobre la secesión, el conflicto tocó techo el viernes cuando unos declararon la independencia y los otros intervinieron la región.
"En este momento tenemos dos legalidades coexistiendo" en Cataluña, afirmó a la AFP Jaume Alonso, el abogado de Carles Puigdemont que puede ser acusado de rebelión, delito penado con hasta treinta años de prisión.
Pero desde el gobierno español la visión es muy distinta: "Existe una legalidad y una invención", señaló una fuente del departamento de presidencia.
Por el momento, Rajoy consiguió el relevo de la cúpula de la policía regional de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Su director aceptó su cese y el mayor Josep Lluís Trapero también cedió su lugar a su número dos como ordenó el ministerio del Interior.
Pero ni los compañeros de gobierno de Puigdemont ni los diputados independentistas que declararon la secesión dieron indicios de abandonar sus cargos.
Queda por ver también si los partidos separatistas querrán concurrir en las elecciones convocadas por Rajoy.
La vuelta a la normalidad no es sencilla. Los independentistas llaman a defender las instituciones de la "república" ante la intervención del gobierno español y existe el riesgo de un poder paralelo en Cataluña.
"La etapa en que hemos entrado tenemos que continuar defendiéndola con un incansable sentido cívico y compromiso pacífico", dijo en su discurso Carles Puigdemont, que cuenta con el respaldo de la mayoría de ayuntamientos de la región.
Sin embargo, está totalmente aislado internacionalmente. Ningún país reconoció la declaración de independencia formulada en el parlamento y las instituciones europeas mostraron un apoyo sin fisuras al gobierno de Rajoy.
"Desconcertados"
Tampoco cuenta con un apoyo mayoritario de la población catalana, dividida casi a partes iguales sobre la secesión. Santa Coloma de Gramenet, una ciudad en la periferia de Barcelona con muy poco arraigo nacionalista, amanecía triste este sábado.
"Nos dejó desconcertados", explicó Isabel Herranz, de 77 años. Tras años de continuas movilizaciones por la independencia, los contrarios se empezaron a movilizar en las últimas semanas y el domingo celebran una gran marcha en Barcelona.
"Teníamos que habernos movilizado y expresado desde un principio pero somos gente más callada", afirma Isabel.
Mientras, en Madrid, miles de personas formaron un mar de banderas españolas para defender la unidad del país pidiendo incluso más mano dura a Rajoy.
"Lo que queremos es la ilegalización de los partidos secesionistas. Porque si se vuelven a presentar a elecciones, van a dirigir Cataluña y vuelta a empezar", reclamaba Cándida Jiménez, jubilada.
Residual en Cataluña hace diez años, el sentimiento independentista empezó a crecer en 2010, cuando coincidió la crisis económica con el recorte parcial por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que les daba más autonomía.
Aunque una gran mayoría de los catalanes reclama un referéndum acordado sobre la independencia, los sondeos apuntan a que la opción preferida entre sus 7,5 millones de habitantes sería seguir en España pero con más autogobierno.
