Las movilizaciones en distintas ciudades de Colombia han perdurado pese a que el pasado domingo el presidente Iván Duque ordenó el retiro de la reforma tributaria del Congreso.
Las manifestaciones en el país sudamericano se desataron el pasado 28 de abril luego que el ejecutivo anunciara una reforma tributaria que contemplaba, entre otras cosas, recaudar ingresos a través del aumento del IVA en algunos productos de primera necesidad, servicios públicos y funerarios, justo en medio de la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus.
Debido al descontento social y las diversas manifestaciones registradas durante los últimos días de abril y los primeros de mayo, el presidente Iván Duque decidió retirar la reforma tributaria el pasado domingo 2 de mayo.
"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", dijo en una declaración desde la sede de Gobierno; algo que, posteriormente, fue acompañado por la renuncia del ministro de la cartera, Alberto Carrasquilla.
Sin embargo, las protestas estuvieron marcadas fuertemente por la represión policial y denuncias de violación a los Derechos Humanos de parte de los organismos de seguridad en Colombia.
De hecho, hasta este 6 de mayo se han reportado al menos 24 muertos y la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Protestas, Paro Nacional y una hoja de ruta a negociar con el Gobierno
Desde el fin de semana a la fecha, las protestas no han cesado en el país. Por lo mismo, este jueves se convocó a paro nacional y el Comité Nacional de Paro, según consignó El Tiempo, pretende entablar diálogo con el Gobierno para negociar un "pliego de emergencia".
En ese sentido, las tratativas con el Gobierno de Duque irían en la línea de retirar el proyecto de ley 010 de salud -que busca reformar el sistema de salud en el país y que es apuntado como un intento de privatización del mismo- y fortalecer una masiva vacunación contra el COVID-19.
Además de establecer una renta básica equivalente al menos a un salario mínimo mensual; la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina; y avanzar en subsidios para las mipymes y el empleo con derecho, junto con una política de Estado que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
De paso, en el petitorio se plantean demandas como la "matrícula cero y la no alternancia educativa"; la eliminación de la discriminación de género, diversidad sexual y étnica; y ponerle un freno a las privatizaciones, además de la derogación del decreto 1.174 -que levantó suspicacias por la presunta intención del Gobierno de impulsar una reforma laboral- ; junto con detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y la asperción aérea con gilsofato.
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Al respecto de estos petitorios, algunas versiones de prensa apuntan a que se requeriría de reformas tributarias para financiar lo solicitado. Sin embargo, el Comité de Paro apunta que los recursos pueden obtenerse del uso de reservas internacionales, la renegociación de la deuda externa, la eliminación de exenciones tributrias a grandes capitales individuales y a grandes empresas; así como de los controles de evación tributaria, los paraísos fiscales y la corrupción.
Por lo pronto, se desconoce la postura que adoptará el Gobierno de Iván Duque ante el petitorio, pero se espera que este lunes 10 de mayo se sostenga un encuentro al respecto; eso mientras que los líderes de las movilizaciones exigieron la "desmilitarización" del país tras nueve días de protestas, más de una veintena de heridos y decenas de heridos.