Manifestantes independentistas catalanes se enfrentaron este martes con la policía por segundo día consecutivo en las protestas para denunciar la condena de varios de sus líderes a elevadas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.
Al atardecer, las asociaciones independentistas convocaron manifestaciones con velas frente a las delegaciones del gobierno español en las principales ciudades catalanas que, en Barcelona, reunió a unas 40.000 personas, según la policía municipal.
La policía cargó contra unos cientos, entre ellos muchos jóvenes con la cara tapada, que lanzaron botellas, petardos y bengalas e incluso hicieron fogatas enfrente del cordón de seguridad montado frente al edificio, constató un periodista de la AFP.
En la televisión regional mostraron también cargas policiales en la protesta en Tarragona, 100 km al suroeste.
Antes se habían interrumpido vías férreas y numerosas carreteras, entre ellas la autovía AP-7 que conecta España con Francia y la A-2 entre Barcelona y Madrid.
"Es imparable la movilización, esto va a seguir", advertía Javier Martínez, un empleado de banca de 60 años en la protesta de Barcelona. "Hay que intentar forzar que haya un diálogo y que el Estado se siente a hablar", añadía.
"Ahora mismo no veo posible un referéndum pero para eso tenemos que estar en la calle, para que pueda ocurrir", decía unos metros más allá Gemma Gelpí, de unos 60 años.
Inspirados en Hong Kong
En la víspera, la misteriosa asociación Tsunami Democrático había llamado a paralizar el aeropuerto de Barcelona.
Queriendo imitar a los manifestantes prodemocracia de Hong Kong, unas 10.000 personas según el gobierno español acudieron en vehículos, transporte público o a pie para bloquear hasta bien entrada la noche los accesos a la terminal.
Durante horas se enzarzaron contra la policía que custodiaba el aeropuerto, que cargó repetidamente y disparó balas de goma y de espuma.
Más de cien vuelos fueron anulados, muchos viajeros no pudieron llegar y cientos se quedaron varados en la terminal toda la noche, según el gestor aeroportuario AENA. Los efectos duraron hasta el martes, con 45 vuelos suspendidos.
115 personas fueron atentidas médicamente en el aeropuerto, entre ellas un manifestantes que perdió la visión de un ojo por una herida "compatible" con una pelota de goma, según fuentes sanitarias.
La movilización continúa el miércoles con el inicio de unas marchas desde diferentes puntos del territorio que el viernes deben converger en Barcelona, coincidiendo ese día con una "huelga general".
"Las condenas lo que hacen es abrir un nuevo ciclo político", dijo el presidente del Parlamento regional, el independentista Roger Torrent, a la AFP.
En este ciclo, el independentismo debe crear las condiciones "para que al Estado inasumible cronificar el conflicto y no tenga más remedio que sentarse en una mesa de diálogo", insistió.
Horizonte de semilibertad
Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberación, los jueces del Tribunal Supremo decretaron penas de prisión de entre 9 y 13 años para nueve implicados en el intento de secesión de octubre de 2017.
La peor parte se la llevó el ex número dos del gobierno separatista, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición y malversación.
Tres antiguos consejeros (ministros regionales) recibieron 12 años; otros dos exconsejeros, 10 años y medio; la expresidenta del Parlamento regional, 11 años y medio, y dos líderes del activismo separatista, nueve años.
Además, tras la condena, la fiscalía lanzó una nueva orden de arresto por sedición y malversación basada en esos mismos delitos contra el expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica después del intento de secesión.
El Supremo consideró que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia supusieron una sublevación para impedir la aplicación de las decisiones judiciales y la ley.
En preparación de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el gobierno socialista de Pedro Sánchez mostró firmeza ante los separatistas.
Las condenas serán cumplidas íntegramente, dijo Sánchez, mientras su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descartó "indulto alguno".
Aun así, la ley prevé la posibilidad de acordar permisos de salida en pocos meses para los dos activistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión depende de la administración regional, en manos independentistas.
Batalla por la opinión pública
La condena inició una guerra mediática entre el gobierno español y las autoridades regionales.
El ministro español de Exteriores y próximo jefe de la diplomacia europea, el catalán Josep Borrell, denunció la "actitud totalitaria" del gobierno independentista, que "piensa que los catalanes son solo aquellos que siguen sus ideas".
Según un sondeo publicado en julio por un instituto dependiente del gobierno catalán, un 44% de catalanes quería la región contra un 48,3% en contra.
Tras visitar a algunos de los líderes encarcelados, el presidente regional, Quim Torra, calificó el juicio de "pantomima" y, en su nombre, llamó a participar masivamente en la siguientes movilizaciones.
