Por AFP
La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron este lunes al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.
La ONU reaccionaba así a la actuación de policías y guardias civiles encargados de impedir el referéndum, y que según afirmó Rajoy el domingo, se limitaron a cumplir "con su obligación".
En unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, los agentes recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra los manifestantes decididos a votar, y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas. Según el ejecutivo catalán, casi 900 personas precisaron atención médica tras esas cargas, y dos de ellas tienen "pronóstico reservado".
Por su parte, la Unión Europea pidió también a Madrid y Barcelona "pasar rápidamente de la confrontación al diálogo", porque "la violencia nunca puede ser un instrumento en política".
Minutos después, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó ante la prensa en Barcelona una mediación, que según él debe ser internacional "para que sea eficaz".
También pidió la "retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña, por estos actos de represión".
Puigdemont aseguró que fue "válido" el referéndum prohibido del domingo, en el que según su gobierno hubo una participación del 42,3% y dos millones de 'síes' a la secesión de España, sobre un total de 5,3 millones de personas convocadas.
"Sobre este resultado tenemos el deber de tomar decisiones políticas", aseveró Puigdemont, al día siguiente de abrir la puerta a una declaración unilateral de independencia, con su afirmación de que los catalanes se han "ganado el derecho a tener un Estado independiente".
Un extremo al que respondió rápidamente el gobierno español.
"Si alguien pretende declarar la independencia de una parte del territorio respecto de España, como no puede, como no está dentro de sus competencias, habrá que hacer todo lo que la ley permite para impedir que sea así", declaró el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La calle sigue movilizada
A pie de calle, la intensa movilización de los separatistas en las últimas semanas se mantenía este lunes.
Pertrechadas de banderas independentistas y a gritos de "¡las calles serán siempre nuestras!", miles de personas participaron en dos manifestaciones en Barcelona para repudiar la violencia policial.
Para este martes, además, está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).
"Es una vergüenza", dijo a la AFP Albert Rovira, un informático de 55 años, refiriéndose a las cargas policiales del domingo. Según él, la huelga del martes va a ser una buena herramienta de presión, viniendo de una región que representa casi el 20% del PIB nacional.
"Creo que cuando la deuda española no se pueda pagar, España se sentará a negociar", afirmó.
Rajoy trata de emerger
Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunirá por la tarde con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, y el del partido centrista Ciudadanos, Albert Rivera, cuarta fuerza parlamentaria.
Hablarán del futuro político inmediato, aunque el diálogo del líder conservador con Barcelona se anuncie muy difícil, tras la lluvia de críticas que ha recibido por las imágenes de la policía cargando contra quienes querían votar en la consulta.
El propio Sánchez manifestó su "profundo desacuerdo con las cargas policiales".
Y, este lunes, Inés Arrimadas, número dos de Ciudadanos, dijo que es "absolutamente imprescindible que el gobierno español dé explicaciones" por la violencia policial y por la celebración, aunque parcial, de una consulta de autodeterminación prohibida por la justicia.
La tensión política se trasladaba también a la bolsa de Madrid, donde hacia las 14 horas local el índice Ibex 35 caía un 1,63%.
Los mayores bancos catalanes, Caixabank y Banco Sabadell, caían un 4,48% y un 6,46%, respectivamente.
