El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, volvió este miércoles a Quito en medio de las manifestaciones, encabezadas por grupos indígenas que vive la ciudad. El mandatario decidió el lunes cambiar la sede de gobierno a Guayaquil y había acusado al ex Presidente Rafael Correa de intento de golpe de Estado.
En la ciudad, miles de indígenas avanzaron sobre una militarizada Quito en protesta contra los ajustes económicos que pactó el gobierno con el FMI y que encarecieron los combustibles, tras una semana de caos y disturbios en Ecuador.
Un río de manifestantes marchó en dirección al centro de la ciudad donde se encuentra la desocupada sede presidencial, mientras más adelante grupos menos numerosos de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a piedra con la policía, que respondió con gas lacrimógeno.
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Los choques de momento no alcanzan a los indígenas, que a su paso reciben aplausos y bolsas de agua desde los balcones.
"Nos tiene aquí la indignación ecuatoriana contra el paquetazo", señaló Gonzalo Espín, dirigente de los indígenas de Cotopaxi (centro). "Mientras no desista, seguiremos aquí", advirtió.
El Presidente abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica.
Sin embargo, los indígenas exigen como condición que el gobierno desista de eliminar los subsidios que condujeron al alza del precio del diésel y la gasolina hasta en 123%.
El Presidente "está gobernando solo con las recetas del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras empresariales. Y es lo que rechaza el pueblo ecuatoriano", sostuvo el líder indígena Salvador Quishpe.
Moreno no quiere dar marcha atrás en su política, y ofrece a cambio liberar más recursos para los indígenas afectados por el aumento generalizado de precios que en teoría origina el alza de los combustibles.
Castigado por un alto endeudamiento y la iliquidez de su dolarizada economía, Ecuador pactó en marzo un programa de préstamos con el FMI que alcanza los 4.203 millones de dólares.
Solo fue hasta la semana pasada cuando Moreno dio a conocer el lado más duro del ajuste que también prevé reformas tributarias, así como laborales que afectan a los empleados públicos.
Los indígenas representan el 25% de la población ecuatoriana de 17,3 millones.
