El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este jueves el "estado de excepción" en todo el país ante protestas sociales que se registran por el alza de hasta 123% en los precios de combustibles.
"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el mandatario a la prensa tras liderar una reunión de gabinete.
La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares (123%), y la de la gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares, comprobó la AFP en varias surtidoras de combustible del norte de Quito.
Los precios quedaron sujetos a los del mercado una vez que el Presidente Lenín Moreno eliminara los subsidios para esos combustibles, que demandaban unos 1.300 millones de dólares al año.
Esa medida es parte de reformas tributarias y laborales que el gobierno impulsa en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de marzo pasado, que le permite al país acceder a créditos por 4.209 millones de dólares en medio de serios problemas financieros.
Las alzas se produjeron en plena paralización convocada por los transportistas a nivel nacional en rechazo a los reajustes. Ese sector demanda la derogatoria de los aumentos o compensaciones económicas por parte del Estado.
Durante un recorrido de la AFP el jueves temprano se pudo verificar la ausencia de autobuses de empresas privadas y una disminución del servicio de taxis en Quito, sin que haya bloqueos de vías.
Miles de pasajeros se movilizaban a través del sistema municipal de transporte, que de a poco se iba abarrotando.
La medida estará vigente durante 60 días, lo que permite la Constitución antes de extenderla por otros 30.
Bajo el estado de excepción se puede establecer al territorio ecuatoriano como zona de seguridad, suspender o limitar derechos como el de la libre movilidad o imponer la censura previa para la prensa. También autoriza al gobierno a emplear a militares y policías en el control público y disponer el cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
El gobierno de Moreno está en el centro de la ira popular por cuenta del desmonte de los subsidios al diésel y la gasolina en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que condujeron a un incremento de la tarifas de hasta el 123%.
El mandatario enfrenta las primeras consecuencias del convenio que suscribió con el FMI en marzo para obtener créditos ante el elevado endeudamiento público de la dolarizada economía.
Moreno avisó a los manifestantes que no permitirá "imponer el caos". "Ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable, de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia", agregó.
