De repente, las cámaras en Venezuela se enfocaron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y el cuarto de hora de la corte más importante del país quizá dure más de 15 minutos.
Después de que, en un hecho inédito en 17 años, la oposición ganó en las elecciones del 6 de diciembre la mayoría de dos tercios en el Parlamento, el oficialismo puso en marcha una serie de movidas que parecen destinadas a blindarse para el escenario que viene.
La más reciente se produjo este miércoles, cuando la bancada oficialista al mando del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados del TSJ.
La medida ha levantado polémica al darse en sesiones extraordinarias de la AN durante el asueto navideño, algo que la oposición considera "irregularidades".
Pero también porque algunos de los 13 magistrados son cuestionados por su militancia política en el chavismo y sus fallos en contra de la oposición en los casos de los llamados presos políticos.
La oposición cree que los nuevos magistrados pueden ser "fichas del oficialismo" que potencialmente puedan inclinar la balanza de un tablero que a partir del 5 de enero tendrá un nuevo jugador: la Asamblea Nacional en contra del gobierno.
Con esto, el chavismo se estaría asegurando una importante ventaja en la batalla de poderes que se espera en Venezuela cuando la oposición asuma su mayoría en la AN.
¿Movidas para blindarse?
La primera de estas medidas, que muchos han calificado de ilegales, fue nombrar a Susana Barrieros, la jueza que condenó a más de 13 años de cárcel al opositor Leopoldo López, como directora de la Defensoría Pública, un órgano del TSJ.
Luego anunciaron la instalación de un Parlamento Comunal para "fortalecer el poder el pueblo", una medida que para muchos busca crear una "Asamblea Nacional paralela".
Ahora se produce el nombramiento de los 13 magistrados con no pocos abogados críticos de la revolución alegando fraude constitucional.
¿Por qué importa?
Aunque la victoria de la oposición en las parlamentarias de hace tres semanas reconfigura el escenario político venezolano, movidas como el nombramiento de los magistrados puede reducirle su margen de maniobra.
Cuando la AN aprueba una ley, el presidente debe promulgarlas en el plazo de diez días.
Sin embargo, el mandatario tiene la potestad de, por un lado, pedir que se modifique la norma con acuerdo del Consejo de Ministros.
La mayoría absoluta de la AN decidirá sobre esa petición de modificación y la podrá mandar de vuelta al presidente, quien tendrá cinco días para promulgarla.
Otra alternativa del presidente es solicitar que la Sala Constitucional del TSJ se pronuncie sobre alguna supuesta inconstitucionalidad.
Si la Sala Constitucional, que es una de las seis que forman el TSJ, considera que el contenido de la norma atenta contra la Carta Magna, puede vetarla.
Y, en ese sentido, los siete magistrados de la Sala Constitucional tienen más poder que los 112 diputados opositores que van a integrar la nueva AN.
¿Por qué se considera ilegal?
Varios abogados, constitucionalistas y profesores de Derecho de tendencia crítica al gobierno han denunciado que la designación de los 13 magistrados viola la Constitución.
Incluso, un grupo de notados juristas dijo en un comunicado que piensan impugnar la designación de cada uno de los magistrados.
Alegan, sobre todo, dos problemas: irregularidades en el procedimiento de postulación e incapacidad de los aspirantes.
Según ellos, la designación se produce sin que se hubiese declarado una falta absoluta o jubilación en los puestos específicos que se designaron. Y eso, en teoría, va contra la ley.
Luego de la designación, le ley exige un proceso que, según los abogados, no se cumplió: las impugnaciones pueden tomar hasta 26 días, el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano puede estudiarla por hasta 11 días y el Comité de Postulaciones del TSJ puede revisar la última lista por hasta 5 días.
Sin embargo, la lista de postulados –que debería ser el primer paso de un largo proceso– se publicó apenas el 8 de diciembre, lo que para estos abogados muestra que los tiempos establecidos por la ley orgánica del TSJ no fueron respetados.
También han dicho que la designación –el 22 y 23 de diciembre, en sesiones extraordinarias– se produjo por fuera del periodo legislativo –que acabó el 15 de diciembre– a pesar de que las selecciones de magistrados no son consideradas de emergencia.
Y alegan que algunos de los nuevos magistrados no cumplen con el currículo que exige la ley: Christian Zerpa y Calixto Ortega, por ejemplo, fueron militantes y diputados del partido de gobierno.
Zerpa incluso fue cantidado en las parlamentarias de hace tres semanas y perdió.
Pero abogados de línea chavista han dicho que las designaciones se dieron dentro del ordenamiento constitucional y que, si bien pueden ser políticamente incorrectas, en lo legal no tienen problema.
¿La oposición puede remover a los magistrados?
Varios líderes de la oposición han dicho que si el oficialismo designa nuevos magistrados, la nueva AN puede removerlos.
Pero eso no es tan sencillo.
Primero porque para ello la nueva AN necesita del apoyo del Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo), una institución que se considera que tiene al frente personal que también están en la órbita del gobierno de Maduro.
Segundo porque, según la ley, la Sala Constitucional debe aprobar todas las iniciativas de la AN, incluso si éstas buscan remover a los magistrados mismos de la Sala Constitucional.
Algunos han dicho que la nueva AN puede nombrar más magistrados sin remover ninguno, pero esa propuesta, también, podría llegar a tener que pasar por el examen de constitucionalidad que hagan los magistrados ya titulares.
El problema que es si la AN y el TSJ van en direcciones opuestas, el país puede verse enfrascado en un escenario de ingobernabilidad que impida resolver los problemas económicos.
Y eso, según encuestas, no es propiamente lo que quieren los venezolanos.
