Son muchos los retos que esperan a los diputados venezolanos electos en diciembre pasado, pero el primero de ellos –cronológicamente hablando– no deja de ser un desafío inesperado.
Los nuevos parlamentarios están llamados a tomar posesión de sus cargos este martes, pero la mera entrada al recinto podría resultar tarea complicada.
Por primera vez en más desde la llegada del chavismo al poder, hace ya casi 17 años, la oposición tiene la mayoría parlamentaria.
Y los simpatizantes del oficialismo no parecen dispuestos a hacerles la tarea fácil, con el colectivo La Piedrita –uno de los grupos chavistas más radicales– llegando incluso a proponer una toma del palacio legislativo.
"Están amenazando con hacer vigilia en todos los puntos adyacentes a la Asamblea Nacional para impedir nuestro acceso", advirtió Henry Ramos Allup, el hombre designado por la opositora Mesa de Unidad Democrática para presidir el nuevo congreso.
Y con marchas con dirección a la Asamblea convocadas tanto por el oficialismo como por la oposición para este mismo martes, la posibilidad de choques no puede descartarse.
Aunque el presidente Nicolás Maduro dijo haberle pedido a su ministro del Interior, general Gustavo González López, tomar todas las medidas para una instalación en calma.
"Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a que mañana todos contribuyamos a que la Asamblea Nacional se instale tranquila y en paz, como dice la Constitución", pidió también el mandatario.
Tensa calma
La situación, en cualquier caso, da cuenta del nivel de tensión que actualmente reina en Venezuela.
Y esa crispación no sólo se expresa en el temor a posibles enfrentamientos violentos en las calles, pues la nueva composición de la Asamblea también hace anticipar numerosos choques institucionales.
El primero de ellos, que también podría tener lugar este martes, se deriva de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender la elección de cuatro diputados –tres de ellos de oposición– del estado de Amazonas, por acusaciones de fraude.
La decisión le quita a la MUD –al menos temporalmente– la supermayoría de 2/3 obtenida en las urnas.
Y, con ella, también importantes poderes, como la posibilidad de designar a los magistrados de los poderes Judicial y Electoral, reformar la Constitución o convocar a una Asamblea Constituyente.
Ramos Allup, sin embargo, dio a entender que estaba dispuesto a pasar por encima de la decisión del tribunal y juramentar a todos los diputados.
Y el tono agresivo del líder opositor parece confirmar que la MUD no se va a quedar de brazos cruzados ante los intentos del ejecutivo por limitar su poder parlamentario.
"El 5 de enero vamos a juramentar a nuestros 112 diputados", prometió Ramos Allup, quien en su momento también describió el apresurado nombramiento de nuevos magistrados del TSJ por el congreso saliente como "una declaración de guerra".
Barómetro
El nombramiento de esos magistrados es, por lo demás, solamente una de varias medidas del gobierno de Maduro que han sido denunciadas por la oposición como un intento por desconocer el veredicto de las urnas.
Nada más nueve días después de las elecciones legislativas, el oficialismo instaló un Parlamento Nacional Comunal para, según el gobierno, "fortalecer el poder popular" y, según la oposición, "legislar en contraposición a la Asamblea Nacional".
Y un día antes de la instalación de este último cuerpo, el presidente Maduro también emitió un decreto ley que le quita a los parlamentarios el derecho a nombrar los directores y presidentes del Banco Central de Venezuela (BCV).
La nueva legislación autoriza además a suspender "transitoriamente" la publicación de estadísticas económicas.
Y eso ha sido interpretado por los opositores como otro esfuerzo de Maduro por quitarle armas a sus adversarios, quienes a su vez ya lo amenazaron con una "investigación colosal" de su supuesto mal manejo de la economía de Venezuela.
Así las cosas, el choque parece inevitable.
Y este martes los venezolanos podrán hacerse una primera idea de cómo será el impacto: del tipo de lenguaje y actitudes que pueden esperar en lo queda del año, y del comportamiento de las instituciones que, como el ejército, pueden resultar claves para que las aguas no se salgan de su cauce.
