Las reacciones han tenido un tono absolutamente alarmante: se sienta "un precedente peligroso", tendrá "graves implicaciones", "su lado negativo es potencialmente inmenso".
El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo calificó como un "error".
Y es que el miércoles el Congreso de ese país anuló, con amplia mayoría, el veto del mandatario a una norma que les permite a los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar al gobierno de Arabia Saudita.
Las objeciones de Obama a la legislación tienen un fundamento basado en el derecho internacional.
Según el presidente, la ley sentará "un precedente peligroso" para que individuos en todo el mundo puedan demandar al gobierno de EE.UU.
La preocupación de Obama es que si los ciudadanos estadounidenses consiguen llevar a Arabia Saudita ante la justicia, podrían surgir demandas contra ciudadanos estadounidenses a modo de represalia.
De acuerdo con el mandatario, la legislación puede tener implicaciones devastadoras para el Pentágono, funcionarios gubernamentales, diplomáticos y los servicios de inteligencia.
"Vergüenza"
Es la primera vez que el Congreso, a través de sus dos cámaras, anula un veto de Obama en los ocho años que lleva en el poder.
El director de la CIA, John Brennan, advirtió que la legislación tenía "graves implicaciones" para la seguridad nacional. "Su lado negativo es potencialmente inmenso", aseguró.
El senador Chuck Schumer (izquierda) dijo que la Casa Blanca estaba más interesado en las consideraciones diplomáticas. "Nosotros estamos más interesados en las familias y la justicia".
Por su parte el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, le dijo a la prensa que el voto legislativo fue "la cosa más vergonzosa que el Senado de Estados Unidos ha hecho" en décadas.
La norma "Justicia contra los patrocinadores del terrorismo", que se conoce como Jasta por sus siglas en inglés (Justice Against Sponsors of Terrorism), abre las puertas para que los familiares de las víctimas del 11 de septiembre demanden a cualquier miembro del gobierno saudita del que -se sospeche- pudo tener vínculos con los ataques perpetrados en suelo estadounidense.
Quince de los 19 atacantes eran ciudadanos sauditas, pero la nación árabe, un aliado clave de Estados Unidos, ha negado cualquier relación con los atentados que dejaron 3.000 muertos.
Pese a que los servicios de inteligencia estadounidenses tenían sospechas, la comisión creada para investigar los sucesos del 11 de septiembre no halló evidencia de que algunos de los secuestradores de los aviones hubiesen tenido algún vínculo con funcionarios sauditas o con el gobierno como institución.
Riesgo de las demandas privadas
Tras la votación en el Congreso, Obama le dijo a la cadena de televisión CNN: "Es un precedente peligroso y un ejemplo de cómo algunas veces tienes que hacer lo que es difícil".
"Y, francamente, desearía que el Congreso aquí hubiese hecho lo que es difícil".
Cientos de personas les rindieron tributo a las víctimas del 11 de septiembre al cumplirse este año 15 años de los ataques.
"Mi preocupación no tiene nada que ver con Arabia Saudita per se o con mi solidaridad con los familiares de las víctimas del 11 de septiembre".
"Tiene que ver con el hecho de que no quiero una situación en la que de repente nos veamos expuestos a procesos legales por todo el trabajo que estamos haciendo en el mundo y de repente nos convirtamos en sujetos de demandas privadas".
Sin embargo, Terry Strada, presidenta de la organización 9/11 Familias Unidas por la Justicia contra el Terrorismo, no cree que la norma sea contraproducente para Estados Unidos, como ha advertido la Casa Blanca.
"Si no estamos financiando organizaciones terroristas y matando a gente, no tenemos nada de qué preocuparnos", aseguró.
Inmunidad en peligro
Un día antes, en su editorial titulado The Risks of Suing the Saudis for 9/11 ("Los riesgos de demandar a los sauditas por el 9/11"), el diario The New York Times dio su explicación:
"Debido a que ningún país en el mundo está en una posición tan comprometedora como Estados Unidos -con bases militares, operaciones con drones, misiones de inteligencia y programas de entrenamiento- el gobierno de Obama teme que los estadounidenses puedan ser sujetos de acciones legales en el exterior".
Obama ha insistido en las repercusiones de la ley para los funcionarios estadounidenses.
En la columna, el periódico sentó una posición muy clara: "Los legisladores deberían permitir que el veto continúe".
El editorial deja en claro que, aunque el objetivo es compasivo, "la ley complica la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita y podría exponer al gobierno estadounidense, sus ciudadanos y sus corporaciones a litigios en el exterior".
La ley modifica una norma que data de 1976, la cual le garantiza a otros países inmunidad frente a demandas estadounidenses, "al menos el país esté en la lista del Departamento de Estado de los estados que patrocinan el terrorismo (Irán, Sudán y Siria) o presuntamente haya perpetrado un ataque terrorista que haya matado a estadounidenses en territorio estadounidense", explica The New York Times.
Intereses comerciales
La relación ente Estados Unidos y Arabia Saudita no pasa por un buen momento.
Aunque no está rota, pues los dos países se necesitan mutuamente en elámbito comercial, su alianza es probablemente bajo más presión que en ningún otro momento desde la guerra árabe-israelí de 1973.
A inicios de este año se reportó que Arabia Saudita había amenazado con retirar cientos de miles de dólares de inversiones en la economía estadounidense si la ley era promulgada.
La respuesta sería liquidar entre US$750.000 millones y US$1 billón de activos estadounidenses.
La cancillería saudita advirtió que la legislación viola el principio de la inmunidad soberana y marca el inicio de la "ley de la selva".
Sin embargo, los legisladores estadounidenses consideran que la norma merece la pena.
El senador demócrata Chuck Schumer criticó a la Casa Blanca por estar, según afirmó, más interesada en las consideraciones diplomáticas.
"A nosotros nos interesan más las familias y la justicia", indicó.
