El fiscal Nacional, Jorge Abbott firmó una declaración, junto a otros cinco persecutores de países miembros y asociados al Mercosur, acusando de “ilegal” la destitución de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y calificando a la Asamblea Nacional Constituyente de autoridades “ilegal y arbitrariamente designadas”.
“Los ministerios Públicos de los Estados parte y asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas”, acota el documento, agregando que “la remoción de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, por acto de la Asamblea Nacional Constituyente, es un claro atentado a la autonomía e independencia del ministerio Público venezolano”.
La misiva fue firmada por los persecutores Rodrigo Monteiro De Barros (Procurador general de Brasil), Alejandra Gils Carbó (Procuradora general de Argentina), Javier Díaz Verón (Fiscal general de Paraguay), Jorge Díaz Almeida (Fiscal y procurador general de Uruguay), Pablo Sanchez Velarde (Fiscal de la nación de Perú) y Jorge Abbott, Fiscal Nacional de Chile.
La declaración consta de siete puntos, entre los cuales aclaran que “con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho, en especial en su faceta de administración de justicia (…) en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados y conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial”.
Finalmente, la declaración concluye asegurando que “permanecerán atentos al desarrollo de los eventos en Venezuela y preocupados por el pleno respeto de los derechos y garantías del pueblo venezolano”.
