García, quien desde ayer tiene una orden de prohibición de salida del país por 18 meses mientras es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, decidió el domingo convertirse en el primer exmandatario peruano investigado por los sobornos de Odebrecht en solicitar un asilo a otro país.
En ese camino, García, quien permanece desde el sábado por la noche en la residencia del embajador uruguayo en Lima, se comunicó con el presidente Tabaré Vázquez y le aseguró que en el Perú, "una vez más, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución".
A través de una carta, García expresó su convicción de que es un perseguido político, que la Justicia y los fiscales peruanos actúan en su contra de manera parcial y que el gobierno de Martín Vizcarra está detrás de estas iniciativas para ocultar sus propios actos de corrupción vinculados a Odebrecht.
Esos extremos fueron negados inmediatamente por Vizcarra, quien rechazó que en su país exista algún tipo de "persecución política" y consideró que "todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones".
El caso quedó ahora en manos del presidente Vázquez y su Gobierno, cuyo canciller, Rodolfo Nin Novoa, confirmó que ha aceptado el trámite del asilo y que emitirá una decisión al respecto en función de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
Según el Partido Aprista Peruano (PAP) de García y el propio abogado del expresidente Erasmo Reyna, la decisión de pedir asilo se produjo ante la sospecha de que la fiscalía solicitara de forma inminente su procesamiento en prisión.
Ese fue el trámite que la fiscalía y el juez siguieron en los casos que afectan a los expresidentes Alejandro Toledo -prófugo en los EE.UU - Ollanta Humala - que pasó nueve meses en prisión preventiva- y la líder opositora Keiko Fujimori - en prisión preventiva por 36 meses desde el pasado 31 de octubre-.
El caso de García empezó a complicarse el pasado jueves, cuando llegó a Perú procedente de España, donde reside, para testificar en las investigaciones por actos de corrupción de Odebrecht en la concesión de las obras de la línea 1 del Metro de Lima.
A su llegada al país fue sorprendido por la fiscalía con un pedido para incluirlo como investigado en el caso, y por la publicación en medios locales de pruebas que supuestamente revelarían como cobró 100.000 dólares de Odebrecht de forma irregular, un dinero que provendría de la Caja 2 (dinero negro) de la compañía.
El fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez solicitó entonces la prohibición de salida del país por 18 meses, petición a la que García se allanó y del que dijo que "no era un castigo" apenas horas antes de solicitar el asilo en la residencia uruguaya.
Partidos peruanos consideran que petición de asilo es una argucia
Pese a que el PAP y su abogado señalaron hoy que este recurso de García responde a un pedido de su partido, casi todos los partidos peruanos han considerado que la petición de asilo es una argucia para evadir la Justicia.
Así, García querría repetir lo que ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 prescribieron las acusaciones en su contra por corrupción que habría cometido bajo su primer gobierno.
En esa línea se expresaron el presidente de Perú, Martín Vizcarra; la líder izquierdista Verónica Mendoza y la congresista Marisa Glave, ambas de la agrupación política Nuevo Perú.
Mendoza señaló que "García decía que se allanaba a las investigaciones y que se quedaba en el país porque no tenía nada que temer y ahora pide asilo en la Embajada de Uruguay. ¡Mentiroso y cobarde! Esta vez el pueblo peruano no permitirá que rehuya la justicia".
Una opinión similar a la que expresó Glave, quien dijo que el pedido de asilo "fortalece la posición de la Fiscalía y la existencia de pruebas de corrupción contra García", por lo que solicitó a Uruguay que "no permitan esa burla a la Justicia".
La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que han firmado Uruguay y Perú, señala que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.
No obstante, precisa que es ilícito conceder el asilo a quien se encuentre inculpado o procesado ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes.
