Los diputados franceses adoptaron este martes un controvertido proyecto de ley sobre los servicios de información, defendidos por el gobierno en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero muy criticado por el riesgo de una "vigilancia masiva".
El texto fue aprobado en primera lectura por 438 votos a favor, 86 en contra y 42 abstenciones.
El primer ministro socialista, Manuel Valls, celebró la aprobación del texto, considerando que "preserva las libertades fundamentales", y "enmarca la actividad de nuestros servicios de inteligencia y los provee de mayores medios".
Tras la votación en la Cámara baja, el Senado deberá pronunciarse sobre la iniciativa legislativa a finales de mes y aún puede ser modificado. "Espero que sea adoptado antes de verano para que entre en vigor lo antes posible", añadió Valls.
El proyecto de ley estaba en preparación antes de los atentados yihadistas de enero en París, pero los ataques reforzaron su legitimidad, a ojos del gobierno.
Aunque el presidente, François Hollande, ha anunciado que recurrirá al Consejo Constitucional al término del trámite parlamentario para "garantizar" un texto "totalmente conforme" a la ley fundamental, esa promesa no ha calmado a sus numerosos detractores.
Entre los opositores a la iniciativa se encuentran la extrema izquierda, la extrema derecha, los ecologistas, sindicatos de magistrados y periodistas, y varias asociaciones, como Amnistía Internacional. También la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo alertó contra los límites de esta ley y pidió "guardafuegos legislativos" para "garantizar el respeto de los derechos fundamentales".
El proyecto de ley define al mismo tiempo las misiones de los servicios de información y el régimen de autorización y control en el uso de técnicas de espionaje (de escuchas telefónicas a acceso a datos, cámaras de vigilancia, etc.).
Por su parte, los servicios de inteligencia franceses en principio ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno socialista, preocupados por actuar en un vacío jurídico, si bien opinan que, paradójicamente, podría convertirse en un freno a sus actividades, al reforzar los controles administrativos.
