En un comunicado publicado en su página web, la SNNA advierte que, la situación de criadazgo se encuentra tipificada como hecho punible, que puede ser castigado con pena privativa de libertad de hasta ocho años. El criadazgo, explica la organización, "es el trabajo infantil doméstico a cambio de techo, comida, ropas y en algunos casos educación".
Paraguay ha ratificado el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y ha incluido al trabajo infantil doméstico en el listado de trabajo infantil peligroso. Sin embargo, un censo de 2011 ha estimado que en el país existen 46.993 niños y adolescentes en situación de criadazgo. Esto representa el 2.5 % de total de niños y adolescentes del país, destaca la SNNA.
Ricardo González, director de la SNNA, dijo al diario ABC que "hay que eliminar esa práctica porque es una de las peores formas de trabajo infantil, muy cerca con la trata de personas". Las autoridades paraguayas han comprobado un "sinnúmero de casos de castigos físicos, abuso sexual y vulnerabilidades de derechos" de los niños, niñas y adolescentes, comentó el funcionario.
Homicidio culposo enciende debate
Este sistema está en el centro de la polémica luego de que la justicia civil de Paraguay imputara por homicidio culposo al militar retirado Tomás Eligio Ferreira Rojas, por su presunta responsabilidad en la muerte de una menor identificada por el diario ABC Color como "CM".
Según la esposa de Ferreira, Ramona Melgarejo, el hombre castigó a la niña de 14 años, golpeándola con una rama de un árbol de guayaba, por haberla sorprendido besándose con un albañil, pero la versión no convenció a la jueza actuante. Debido a las lesiones recibidas la niña fue internada en un centro asistencial, donde murió el jueves debido a politraumatismos varios, según el informe de médicos forenses.
Los medios locales se refieren a Ferreira y Melgarejo como "padrastro" y "madrastra" de la niña, a la que habrían adoptado como "criadita". A raíz de estos hechos, la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia, instó a la ciudadanía a "denunciar todo tipo de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes" a través de una línea gratuita, "a fin de derivar estos casos a las instancias de administración de justicia especializada".