Por AFP
Pacientes y ONG protestaron este jueves para denunciar que una "sentencia a muerte" se cierne sobre unos 300.000 enfermos crónicos en Venezuela por la severa escasez de medicamentos, que según gremios llega a un 95%.
Unas 200 personas entre trasplantados renales, hemofílicos, pacientes con cáncer y afectados por otros padecimientos crónicos, se manifestaron en la plaza Alfredo Sadel de Caracas con pancartas en las que se leía "No queremos morir", "Venezuela agoniza" y "Sin medicinas muero".
"Necesitamos acción inmediata, no podemos aguantar más, nos están sentenciando a muerte", denunció Francisco Valencia, transplantado renal que dirige la ONG Codevida, al afirmar que el panorama se agrava para "16.000 pacientes dependientes de diálisis, 75.000 con VIH, 20.000 con cáncer y 5.000 hemofílicos".
Valencia denunció que 10 transplantados han muerto en los últimos días "por falta de inmunosupresores".
Además, al menos cinco personas han muerto recientemente por falta de insumos para dializarse, según familiares y ONG.
"Esto es una condena de muerte sin haber cometido delito", dijo a la AFP Yolimar Sánchez, de 59 años, quien hace ocho recibió un riñón de una hermana y ahora puede perderlo porque no consigue el tratamiento completo.
Desde la ciudad de Valencia, a unos 174 kilómetros de Caracas, Miguel Alvarado, de 36 años, se unió a la protesta porque -denunció- las pocas medicinas que se consiguen son insuficientes.
"Una caja de pastillas se consigue en seis millones de bolívares y dura 15 días", lamentó Alvarado, quien recibió un riñón de su madre hace siete años.
El salario mínimo en Venezuela es de 798.510 bolívares (unos tres dólares en el mercado negro). Se requeriría el equivalente a siete sueldos para comprar la caja de pastillas.
Varias ONG han propuesto al gobierno que acepte cooperación internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin éxito.
El presidente Nicolás Maduro lanzó a finales de enero un "plan de salud ancestral" para tratar enfermedades con hierbas y productos naturales.
El 30 de enero aprobó 12,3 millones de euros para adquirir "medicamentos hemoderivados, insumos para bancos de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis".
