Bloomberg.
Las conversaciones oficiales entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus adversarios se reanudan el jueves en la República Dominicana, donde la comunidad internacional está tratando de ayudar a resolver un enfrentamiento amargo que a menudo se ha vuelto violento y ha cobrado la vida de cientos de personas. Los intentos previos de diálogo aún no han arrojado resultados concretos, incluso mientras la hiperinflación y los estantes vacíos en las tiendas dejan a miles de venezolanos pasando hambre.
La principal exigencia de la oposición en la reunión de dos días es el establecimiento de condiciones para una elección presidencial libre y justa, tras las acusaciones generalizadas de fraude gubernamental en una votación del año pasado. Inicialmente, la oposición solicitó que las elecciones se realizaran en octubre, pero adelantó la fecha al 8 de julio en la última ronda de conversaciones, dada la gravedad de la crisis de Venezuela y su deseo de lograr cambios dentro de los primeros seis meses del año, de acuerdo con uno de los negociadores.
Muchos venezolanos siguen siendo escépticos de que se pueda alcanzar algún avance, y algunos observadores sospechan que Maduro está usando las negociaciones simplemente para ganar tiempo.
Sin embargo, debido a las restricciones monetarias impuestas por Estados Unidos que obstaculizan la obtención de nuevas fuentes de financiamiento, el gobierno está bajo una creciente presión para apuntalar el apoyo a medida que busca reestructurar su enorme deuda externa.
Un portavoz del Ministerio de Información de Venezuela declinó hacer comentarios sobre las exigencias de la oposición en las discusiones en curso.
Pero antes de que se pueda establecer una fecha, deben cumplirse una serie de condiciones previas, de acuerdo con múltiples asesores de los negociadores de la oposición.
Específicamente, la oposición exige que se permita participar en la votación a los principales partidos políticos, que fueron descalificados de las elecciones presidenciales luego de boicotear las elecciones para la alcaldía del año pasado.
También exigen que se nombre a una nueva cabeza en el consejo electoral del país así como establecer condiciones de voto para la creciente diáspora de Venezuela. Además, quieren que el gobierno acepte ayuda internacional para abordar la crisis humanitaria de la nación.
Por su parte, el gobierno ha dejado en claro que no puede firmar ningún acuerdo ni celebrar elecciones mientras las sanciones estén vigentes. Jorge Rodríguez, el ministro de Información de Venezuela y jefe de la delegación gubernamental, dijo el mes pasado que un acuerdo dependía de que se pusiera fin a "las sanciones vulgares que solicitó el liderazgo de la derecha venezolana al Departamento del Tesoro de Donald Trump, así como a las autoridades españolas, canadienses y de otro tipo".
