AFP
La oposición venezolana anunció este sábado una huelga de dos días contra el presidente Nicolás Maduro, tras violentos disturbios durante una marcha en respaldo a los magistrados que designó al nombrar una corte suprema paralela, uno de los cuales fue arrestado.
"Estamos convocando a todo el pueblo, a todos los sectores, trabajadores, estudiantes, empresarios, comerciantes, campesinos, productores, a 48 horas de paro cívico" el miércoles y el jueves próximos, dijo en rueda de prensa el diputado Simón Calzadilla, a nombre de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Además, la oposición marchará el viernes en su ofensiva final para tratar de frenar la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro, cuyos 545 integrantes serán elegidos el domingo 30 de julio.
La agenda de la MUD se informó al cierre de un día marcado por choques entre militares y manifestantes en una marcha en Caracas que pretendía llegar al Tribunal Supremo de Justicia y por la detención de uno de los 33 jueces -Ángel Zerpa- juramentados el viernes por la mayoría opositora del Parlamento.
"Apoyamos a los nuevos magistrados, porque devolverán su independencia al TSJ, que ahora lo que hace es cumplir órdenes de Maduro", declaró a la AFP Luis Torrealba, un manifestante de 43 años, acompañado por su esposa y su hijo.
Militares bloquearon con gases lacrimógenos la movilización, que derivó en disturbios y trancas de vías con barricadas de basura que se mantenían en horas de la noche.
Decenas de personas resultaron heridas, entre ellas Wuilly Arteaga, joven de 23 años famoso por tocar el violín entre nubes de gases lacrimógenos en las protestas, que dejan 103 muertos en casi cuatro meses. Sufrió lesiones en el rostro y aseguró que fueron causadas por perdigones.
"Un secuestro"
"Alertamos al mundo que (el) régimen de Nicolás Maduro desató persecución contra magistrados legítimos", publicó la Asamblea Nacional en su cuenta en Twitter, al denunciar la captura de Zerpa por agentes del servicio de inteligencia (SEBIN), que calificó como "un secuestro".
La Fiscalía tildó la medida de "privación ilegítima de libertad" e informó que le fue negado el ingreso a los calabozos del SEBIN a un funcionario de derechos humanos que envió para "constatar" el estado de Zerpa.
Aunque se define chavista, la fiscal general, Luisa Ortega, está enfrentada a Maduro y su Constituyente.
El Legislativo seleccionó un TSJ paralelo al alegar que los jueces de esa corte fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría parlamentaria oficialista.
Ya el TSJ había advertido que la juramentación de estos jueces por parte de los diputados opositores configuraba los delitos de "usurpación de funciones" y "traición a la patria", castigados con cárcel.
Subrayó además que el Parlamento sigue en "desacato", por lo que considera "nulas" todas sus decisiones desde enero de 2016.
El TSJ paralelo forma parte de la estrategia opositora para forzar a Maduro a retroceder en su llamado a Constituyente, pues considera esa iniciativa como un "fraude" que convertiría a Venezuela en "otra Cuba".
"Imposible de impedir"
Pero Maduro ratificó este sábado que la Constituyente se hará.
"Se va a ser implacable si pretenden generar un proceso de violencia para intentar impedir lo imposible de impedir", advirtió el presidente en una entrevista en la televisora estatal VTV.
Sus adversarios tampoco ceden. "Con mucha firmeza, este pueblo va a evitar el fraude constituyente", aseveró Calzadilla.
Entre el jueves y el viernes últimos, la oposición realizó un paro de 24 horas que -aseguró- fue acatado en 85%.
Maduro y altos funcionarios gubernamentales, en contraste, lo calificaron como un fracaso, asegurando que los sectores claves de la economía, incluido el petrolero (fuente de 96% de las divisas del país), trabajaron con normalidad.
La alianza opositora se siente reforzada por un plebiscito simbólico que organizó el domingo pasado contra la Constituyente, en el que sostiene que votaron 7,6 millones de venezolanos.
También le anima la presión internacional que confronta Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que impondrá sanciones económicas a Venezuela si el mandatario saca adelante la Constituyente, rechazada igualmente por varios gobiernos de América Latina y Europa, así como por bloques como el Mercosur.
