El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó este viernes sobre el aumento de la violencia en Colombia en 2022, y especialmente calificó de "grave" el asesinato de 116 activistas, la cifra más alta desde 2017.
Por segundo año consecutivo, el país registró un aumento de los ataques letales contra los activistas y se acerca a los niveles de 2017, cuando se desmovilizó la poderosa guerrilla FARC y se registraron 120 asesinatos.
![[VIDEO] Profesora sigue en estado crítico tras caída: Fue trasladada a Chile desde Bolivia](https://s.t13.cl/sites/default/files/styles/manualcrop_850x475/public/t13/field-imagen/2023-03/1677892619-whatsapp-image-2023-03-03-at-204430.jpg.jpeg?itok=0OZU6XJR "[VIDEO] Profesora sigue en estado crítico tras caída: Fue trasladada a Chile desde Bolivia")
[VIDEO] Profesora sigue en estado crítico tras caída: Fue trasladada a Chile desde Bolivia
"La situación sigue siendo muy grave en los territorios y rindo homenaje a las víctimas (…) en 2022 siguen habiendo altos niveles de masacres (y) homicidios de personas defensoras", lamentó Juliette De Rivero, representante de esa dependencia de Naciones Unidas, tras la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
En 2022 el organismo verificó 92 masacres- entendidas como asesinatos de tres o más personas en un mismo hecho- , contra 78 el año anterior y 76 en 2020. Al menos 321 personas murieron en estos ataques el año pasado.
La población desplazada también creció, pasando de unas 72.000 personas en 2021 a 82.000 en la evaluación más reciente. La mayoría (65%) indígenas y afros.
Los 116 defensores de derechos humanos asesinados también superan los 100 casos del informe anterior y los 94 de 2020. La última vez que el conteo superó las 100 víctimas fue en 2017, cuando las FARC entregaron sus armas como parte de un acuerdo de paz firmado el año anterior.
Aunque el histórico pacto redujo la intensidad del conflicto, todavía operan guerrillas, paramilitares y bandas del narcotráfico que desafían al Estado en varios puntos del país.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió en agosto del año pasado y busca desactivar el conflicto armado de medio siglo.
Sus delegados negocian con el ELN, la última guerrilla reconocida del país, y han tenido acercamientos con varias facciones exFARC que se apartaron del pacto de paz, al igual que con cabecillas de las mayores bandas narco.
En la víspera de año nuevo, Petro anunció un cese al fuego bilateral de seis meses con estas organizaciones. Días después, el ELN negó hacer parte de la tregua. De su lado, los disidentes de las FARC y las dos mayores organizaciones de narcotraficantes del norte del país siguen acogidos al cese.
La oficina del Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos se estableció en Colombia en 1997 y su mandato ha sido renovado en varias ocasiones.
Su misión es observar, asesorar e informar sobre el respeto de los derechos humanos en el país, sumido en un conflicto armado de medio siglo que deja más de nueve millones de víctimas.
