La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (la independiente ANPDH) elevó este martes a 285 muertos, 1.500 heridos y 156 desaparecidos la cifra de víctimas en los 66 días de crisis en el país, donde organizaciones cívicas instaron a desarmar con urgencia a los grupos paramilitares.
"Vamos a ser facilitadores de líneas de investigación, para que los culpables de estas masacres respondan ante las autoridades correspondientes", afirmó Álvaro Leiva, director de la asociación.
Leiva explicó en rueda de prensa que la mayoría de los muertos (270) son adolescentes y niños varones, de los cuales 238 fallecieron por impactos de bala. Además, poco más de la mitad de las muertes se produjeron en la provincia de Managua.
Además de los decesos, la ANPDH registró en el mismo período más de 1.500 heridos (46 de ellos con daños permanentes) y 156 desaparecidos, así como 76 detenidos que aún permanecen en prisión. Mientras, allegados al coronel retirado Juan José Sevilla, fundador del Ejército, denunciaron hoy su "detención y golpiza" por parte de desconocidos ligados aparentemente al Gobierno, acusado de haber matado ayer a un agente policial.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, calificó como "alarmante" las cifras de muertos y pidió a los nicaragüenses "no naturalizar la barbarie". Aunque la CIDH registra 212 muertos, el Gobierno sólo reporta 47 fallecidos.
La Comisión de la Verdad, formada por el Parlamento bajo control del oficialismo, dio cuenta de 147 muertos. En una declaración emitida este martes, la Unión Europea hizo "un llamamiento a cumplir" las recomendaciones de la CIDH, "muy especialmente el cese de violencia y toda represión".
La crisis nicaragüense se deja ya notar en los países vecinos. Las autoridades de Costa Rica recibieron en lo que va de junio 5.200 solicitudes de refugio, la mayoría de nicaragüenses. El subdirector de Migración y Extranjería costarricense explicó a Efe que su organismo venía recibiendo al mes entre 60 y 120 solicitudes. Y que, de las recibidas, solo un 20% se corresponden con auténticas situaciones de persecución.
