Una joven indígena de 15 años fue violada y secuestrada presuntamente por un grupo de militares en septiembre de 2019 en el sur de Colombia, en un nuevo caso de violencia sexual que involucra al ejército.
La menor, perteneciente a la etnia Nukak Makú, "habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París", que opera en el departamento selvático del Guaviare, según una publicación revelada este lunes por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La organización que investiga el conflicto armado aseguró que la joven habría sido agredida de forma repetida "especialmente por dos militares" dentro de las instalaciones del batallón, agrega Pares en su página web.
Los abusos habrían sucedido entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, cuando pudo escapar del lugar, de acuerdo con el reporte del investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila.
"Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes", indicó Ávila en declaraciones a la revista Semana recogidas en el boletín.
En un comunicado, el ejército repudió el hecho y aseguró que inició una investigación disciplinaria "tan pronto" tuvo conocimiento de la denuncia. La indagación, señaló, fue "verificada" por el ministerio público y se está a la espera de los resultados.
"En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía", apuntó, sin precisar el número de militares involucrados ni sus rangos.
El caso se suma al conocido el 25 de junio y que conmocionó a Colombia. Ese día autoridades indígenas denunciaron que una niña de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano.
Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y fueron recluidos en una guarnición militar a la espera de juicio.
El gobierno y el alto mando militar condenaron el ataque que se dio a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años.
Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas.
Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
