A Yecenia Armenta la policía de Sinaloa la acusó de contratar a un sicario para asesinar a su marido, y desde 2012 permaneció en una prisión del estado, en el noroeste de México.
La única prueba para su encarcelamiento fue su presunta confesión escrita en un papel que le obligaron a firmar tras 15 horas de tortura.
Cuatro años después fue liberada. Un juez determinó que su captura se realizó de forma irregular, y que fue "forzada brutalmente" a inculparse.
El caso de Yecenia es uno más de los que ocurren con frecuencia en México, donde según organizaciones como Amnistía Internacional el 64% de sus habitantes temen ser víctimas de tortura.
La mayor parte de los juicios que se realizan en el país se basan sobre todo en la confesión de los inculpados.
Pero muchas de éstas se obtienen bajo tortura o presiones indebidas de militares, policías y fiscales, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Se trata de uno de los principales retos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que a partir de este 18 de junio se aplica en todo el país.
En este mecanismo los policías y fiscales son claves, pues ahora están obligados a presentar pruebas científicas y reales para demostrar la culpabilidad de los acusados.
Hay quienes creen que estos no están preparados para el nuevo escenario, donde la confesión de sus detenidos ya no será lo más importante.
Capacitación
El estudio Hallazgos de 2015 del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) señala que el 83% de los más de 350.000 policías de todos los niveles no están capacitados para adaptarse al nuevo sistema de justicia.
Los problemas más comunes entre ellos es que no preservan de forma adecuada las escenas de los crímenes, no resguardan evidencias potencialmente útiles y no saben cómo acercarse y cuidar a las víctimas.
Por el contrario, se concentran en detener a quienes consideran sospechosos y obtener de ellos alguna confesión.
Eso ya se corrigió, asegura María de los Ángeles Fromow, responsable de la Secretaría Técnica del consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Desde el año pasado se estableció una estrategia especial para capacitar a los policías y agentes del Ministerio Público.
Se trata de un curso práctico de 40 horas donde se les enseña a preservar las escenas del crimen, acercarse de manera adecuada a las víctimas y recabar evidencias.
"Estamos arriba del 95% de los policías a nivel nacional capacitados en los que son operativos y que requerían esa formación", le dice Fromow a BBC Mundo.
"Es el inicio, tendrá que reforzarse esa formación profesional. Debemos trabajar todos los días para que esos conocimientos se apliquen".
El reto
¿Las nuevas reglas son suficientes para erradicar la tortura policíaca en México?
"Es un hecho", responde Fromow, y por una razón: "La confesión pierde hoy toda la fuerza, es una prueba que tendrá que hacerse ante un juez y además vinculada con otros elementos".
"Además un juez de control va a calificar la detención de legal o ilegal, le preguntará y se cerciorará de que esa persona no haya sido torturada y sólo ante él podrá haber una confesión válida".
Pero otros creen que no será tan sencillo, como Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
"Seguimos registrando casos de detención arbitraria, tortura, o fabricación de declaraciones", le dice a BBC Mundo.
"Incluso en casos de muy alto perfil como Ayotzinapa las investigaciones de expertos independientes muestran que la supuesta verdad histórica probablemente se construye a partir de declaraciones fabricadas o posiblemente obtenidas bajo tortura".
Brewer se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de julio de 2014.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso, asegura que el 70% de los detenidos por el hecho fueron torturados.
Los detalles
La base del nuevo sistema de justicia es que a los inculpados se les considera inocentes hasta que la autoridad compruebe lo contrario.
Esto, que en el resto del mundo se considera como básico, no sucedía en México, reconoce Fromow.
"México fue uno de los últimos países que transforma su sistema judicial a uno acusatorio", explica.
"Significa dejar atrás 100 años de tradición de un derecho poco transparente, escrito, sin el rostro humano de un juez que no respetaba la presunción de inocencia. Se les consideraba presunto culpable".
En el sistema tradicional, por ejemplo, el plazo para que se realice un juicio es de un año aunque son pocos los que cumplen con ello.
Son pocos los inculpados que enfrentan el proceso en libertad, pues la mayoría son sujetos de "prisión preventiva".
El resultado es un sobrecupo de 28% en promedio de las cárceles en el país, aunque algunas llegan incluso al 100%.
Con el nuevo mecanismo el encarcelamiento se aplicará sólo en casos de delitos graves, y los juicios serán más cortos, incluso de algunas semanas.
"Estamos en problemas"
Pero el reto más importante es cambiar la cultura de justicia en el país, advierten especialistas.
Y en eso están involucrados los jueces, agentes del Ministerio Público, médicos legistas, abogados defensores… Y los policías, que tienen un papel fundamental.
Ellos pueden hacer que el nuevo sistema funcione como se espera o provocar su fracaso, afirma Patricia González Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y es que se ve difícil cambiar en las corporaciones policíacas una forma de trabajo de varias décadas.
"Si deseamos investigaciones científicas de una policía que no tiene capacidad institucional para preservar evidencias en el lugar de los hechos, estamos en problemas", advierte.
