En un nuevo golpe a la versión gubernamental sobre la suerte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa secuestrados en en septiembre de 2014, un grupo de forenses argentinos que ha estado involucrado en el caso desde el principio dijo que no existen evidencias científicas que muestren que los jóvenes fueran incinerados en un basurero.
El informe fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y se entregó este martes a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Es la misma conclusión planteada desde septiembre de 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento, el equipo de peritos argentinos –integrado por forenses, antropólogos biólogos y expertos en fuego, entre otros- advierte contradicciones en la investigación oficial, que el gobierno asegura es "la verdad histórica" de lo ocurrido.
Uno de los elementos centrales es que en el basurero de Cocula, Guerrero, no ocurrió un incendio de la magnitud suficiente para incinerar los cuerpos de los estudiantes, como señaló la PGR.
Ahora el EAAF recomienda cerrar las investigaciones en el basurero, donde no se encontraron evidencias de que los estudiantes fueron incinerados allí.
"Es tiempo de seguir la búsqueda de los estudiantes en otros lados", indica Mercedes Doretti, directora del EAAF.
Los forenses argentinos fueron invitados a participar en la investigación por pedido expreso de los familiares de los estudiantes.
Luego de que se conociera este informe, los padres de los estudiantes pidieron que el gobierno empiece una nueva investigación sobre lo ocurrido.
Balas y contradicciones
Los familiares de los desaparecidos se han manifestado en numerosas ocasiones.
Hasta el momento, en lo que coinciden tanto la versión gubernamental como la entregada por organismos independientes, es que la noche del 26 de septiembre, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cartel de los Guerreros Unidos y entregados a sicarios de esa organización criminal.
Al parecer, los líderes de los Guerreros Unidos creyeron que los jóvenes pertenecían al cartel de Los Rojos, con quienes tenían una violenat disputa territorial.
Después, las versiones difieren. Según la PGR, los jóvenes fueron llevados en varios camiones hasta el basurero de Cocula, donde fueron asesinados, arrojados al vertedero y luego incinerados durante varias horas. Después los restos fueron desmenuzados y arrojados a un río.
La hipótesis de la PGR se basó en el testimonio de varios detenidos a quienes acusa de asesinar y cremar a los jóvenes de Ayotzinapa.
Además, un fragmento de hueso supuestamente encontrado por buzos de la marina en el río fueron identificados en una universidad austriaca como perteneciente a uno de los estudiantes.
Hasta el momento más de cien personas han sido detenidas por la desaparición de los estudiantes en su mayoría policías municipales de Cocula e Iguala, así como el exalcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y su esposa.
No hay pruebas
Pero la evidencia analizada por los forenses argentinos y los expertos de la CIDH muestra otra realidad.
Imágenes de satélite, por ejemplo, muestran que desde 2012 se realizaron varios incendios en ese sitio, pero no uno de la magnitud necesaria para incinerar 43 cuerpos.
En el basurero también se encontraron restos humanos que corresponden a por lo menos 19 personas distintas, pero según el informe del EAAF, no se trata de ninguno de los estudiantes.
"No hay ninguna identificación positiva de los 43 en el basurero", señala Modotti.
Los forenses también encontraron cartuchos y balas que corresponden a 39 armas distintas, entre ellas fusiles de asalto.
Los inculpados por la PGR declararon que sus jefes les ordenaron llevar armas cortas al basurero.
El EAAF espera que su informe final se integre a la investigación que realiza la fiscalía mexicana.
Hasta ahora la PGR no ha emitido comentarios sobre el tema.
Sin embargo, en septiembre de 2015, un día después de que la comisión de expertos de CIDH también concluyera que los estudiantes no habían sido incinerados en el basurero de Cocula, el gobierno insistió en su versión.
"La verdad que tenemos nosotros es que en el basurero fueron ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de estudiantes", aseguró en ese entonces a una radio local Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
