AFP
El nuevo sistema de justicia penal de México entró oficialmente en vigor este sábado, dejando atrás un modelo viejo de un siglo, en un país que busca aligerar sus sobrepobladas cárceles y reducir la altísima tasa de impunidad.
"Hoy tenemos nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos procedimientos e, incluso, nuevos espacios físicos para transformar la justicia penal en nuestro país", dijo el presidente Enrique Peña Nieto en un acto protocolar.
El antiguo sistema "mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país durante la primera década de este siglo", reconoció el mandatario.
Las sangrientas pugnas entre los cárteles narcotraficantes y el despliegue militar para combatirlos que lanzó el gobierno en 2006, han dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos, entre numerosas denuncias de impunidad y abusos de poder por parte de las autoridades.
La "histórica" implementación de esta reforma, que se ha hecho de manera paulatina en el país desde que fue aprobada en 2008 y también aplica a la justicia militar, necesitó una inversión de más de 1.000 millones de dólares, explicó Peña Nieto.
El nuevo sistema, basado en juicios orales similares a los estadounidenses o europeos, sustituirá el viejo sistema judicial de México en el que los jueces sentenciaban sin poner un pie en las audiencias, sin ver la cara a los acusados y entre pilas de expedientes.
"Hoy, sabemos que un juicio (...) no puede iniciarse sin una acusación sustentada y sin pruebas y evidencias", se congratuló el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías, refiriéndose al nuevo sistema.
Para el gobierno de Estados Unidos, el nuevo sistema "traerá procesos abiertos, transparentes y justos que garanticen los derechos de las víctimas y de los demandantes", indica un comunicado de la embajada estadounidense en México.
Tras saludar la iniciativa, la oficina diplomática puntualizó que la transición exigirá un "esfuerzo generacional a largo plazo".
Estados Unidos, el gran impulsor de este sistema, ha canalizado 250 millones de dólares y capacitado a más de 30.000 personas, entre jueces y personal auxiliar, para ayudar a México en su transición. La Unión Europea, Chile y Colombia también han prestado asesoría.
Sin embargo, los detractores del proyecto argumentan que se trata de una imposición de Estados Unidos para abrir las puertas a los grandes bufetes de ese país.
Lee también:
México: ¿Logrará la reforma judicial evitar que la policía siga arrancando confesiones bajo tortura?
