Un líder indígena tolupán hondureño, que luchaba en defensa del bosque contra empresas madereras en las montañas del norcentral departamento de Yoro, fue ultimado por desconocidos, informaron este sábado la policía y activistas humanitarios.
La policía dijo en un comunicado que las autoridades reconocieron este sábado el cuerpo de Milgen Idan Soto Avila, de 29 años, en la jurisdicción de Locomapa, departamento de Yoro, unos 220 km al norte de la capital.
Añadió que Soto había sido reportado como desaparecido desde el lunes pasado por vecinos de la comunidad que el viernes hallaron una fosa clandestina, de la cual las autoridades forenses sacaron el cadáver este sábado.
La policía aseguró que sospechan que lo habrían matado por "problemas personales" pero el dirigente del no gubernamental Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, dijo a la AFP que responsabilizan a una empresa maderera que está cortando 28.500 árboles en esa zona.
Soto, que también era miembro del MADJ, "había recibido amenazas de una empresa por liderar una lucha" contra la depredación del bosque en la zona de la tribu de San Francisco Locomapa, añadió Fernández, abogado de profesión y defensor de los derechos humanos y del ambiente.
Explicó que ocho dirigentes ambientalistas de la tribu que emprendían la lucha contra los aserraderos fueron criminalizados en los tribunales que en el juicio les prohibieron continuar las protestas, por lo cual Soto había asumido un liderazgo importante en el movimiento.
En febrero pasado otros dos tolupanes, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, miembros también de la tribu de San Francisco de Locomapa, fueron asesinados por defender sus territorios de los terratenientes.
Honduras está catalogado por organismos humanitarios internacionales como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y del ambiente porque son asesinados, amenazados y criminalizados por empresarios con el apoyo de las autoridades.
El caso más emblemático fue el asesinato en marzo del 2016 de Berta Cáceres, una dirigente lenca que impedía con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
Siete personas fueron sentenciadas por el crimen ejecutado por encargo de la hidroeléctrica, según el tribunal.
