Un tribunal comercial de Londres empieza a examinar este lunes a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, considera legítimo representante del pueblo venezolano, paso previo para decir sobre la devolución de mil millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra.
Las audiencias, celebradas por videoconferencia debido a la pandemia del nuevo coronavirus, deben prologarse cuatro días y pueden llevar a un juzgado comercial británico a tener que definirse sobre cuestiones políticas venezolanas con graves implicaciones diplomáticas.
"La cuestión del reconocimiento puede desbloquear el resto", defendió en la vista previa el abogado Andrew Fulton, que representa los intereses de Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Alemania.
En este grupo de países también está el Reino Unido, cuyo entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, lo dejó claro en febrero de 2019 afirmando que "la opresión del régimen ilegítimo y cleptocrático de Maduro debe terminar".
Desde entonces, y pese a los múltiples esfuerzos de Caracas, el Banco de Inglaterra no responde al pedido de repatriación de más de 30 toneladas de oro, valoradas en 1.000 millones de dólares, que el país, como muchos otros, tiene guardadas en sus cámaras acoradas. Guaidó ha escrito dos veces a las autoridades británicas para pedirles que lo rechacen.
En este contexto, el Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, se querelló en mayo ante un tribunal de comercio de Londres, asegurando que necesita esos fondos para luchar contra la pandemia de COVID-19.
El BoE afirma sin embargo verse atrapado entre esta junta directiva del BCV y otra rival, nombrada por Guaidó. Por eso el juez decidió examinar antes, en una causa a parte, a quién se reconoce como legítimo representante del país caribeño.
Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, está sumida en una debacle económica, con severa escasez de alimentos y medicinas y colapsos en el suministro de agua y electricidad, que ha forzado a millones de personas a abandonar el país en los últimos años.
La existencia de estas dos figuras de autoridad rivales ha dificultado que el ejecutivo de Caracas pueda acceder a los fondos que el país tiene en el sistema financiero internacional, incluso en plena pandemia de COVID-19.
