El primer recurso fue presentado ante el magistrado Teori Zavascki, responsable de dos causas abiertas en el Supremo que cuestionan el nombramiento de Lula como ministro, y la segunda fue dirigida al presidente de la corte, Ricardo Lewandowski. El segundo recurso está firmado por seis renombrados juristas y, al igual que en el primero, solicita que el Supremo anule la decisión tomada el pasado viernes por un magistrado de esta corte ordenando la suspensión cautelar del nombramiento de Lula como ministro.
En esa decisión cautelar tomada el pasado viernes, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes anuló el nombramiento de Lula como ministro, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro. Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.
¿Se excedió Mendes en sus competencias?
En ambos recursos, los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del exmandatario, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación. Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso.
En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas "ilegales" contra Lula, su familia y contra el bufete de abogados que le representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y su sucesora, Dilma Rousseff. En el segundo recurso, Lula denunció también la "masacre mediática" a la que asegura que está siendo sometido, debido a la "filtración ilegal" de pruebas a la prensa y por "falsas delaciones" de otros sospechosos que se han acogido a acuerdos de colaboración con la Justicia.
La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras. De forma paralela, la Abogacía del Estado también anunció que recurrió la decisión del Supremo para conseguir que la corte le permita asumir el cargo de ministro de la Presidencia.
En su sentencia, que tiene carácter cautelar y deberá ser refrendada o revocada por el pleno del Supremo, Mendes consideró que el nombramiento se realizó "claramente" con el propósito de "impedir" un posible arresto de Lula.
