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El ex presidente de Brasil condenado en segunda instancia por corrupción, Luiz Inácio Lula da Silva, inscribirá ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) su próxima candidatura presidencial, durante la jornada de hoy en la ciudad de Brasilia.
El Partido de los Trabajadores (PT) apoyará la candidatura debido a la presión popular por las calles tras la "Marcha Nacional Lula Libre" que partió este sábado desde tres localidades de Brasil a unos 50 km de la capital para pedir que el líder que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción, pueda participar en la contienda electoral igual que los otros doce candidatos, según a AFP.
La manifestación fue organizada por el PT y organizaciones sociales, como el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), y a ellas se unieron simpatizantes llegados en autocares desde varios puntos del país.
Incluso la ex presidenta de la república Michelle Bachelet lideró una solicitud en julio pasado para que el ex mandatario brasileño pueda inscribir su candidatura.
La carta fue firmada por otras 46 personalidades de diversos sectores políticos, entre los que figuran Gabriel Boric, José Miguel Insulza, Carlos Ominami, Isabel Parra y Carmen Hertz, entre otros.
¿Por qué fue condenado Lula?
Lula da Silva fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. Enfrenta otros cinco procesos, pero se declara inocente en todos y denuncia una persecución político-judicial.
De acuerdo a dicha agencia, Lula declaró que su situación "no tiene nada que ver con la corrupción".
"Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy sólo por razones políticas", explicó.
El político de 72 años es el favorito en las encuestas, con casi un tercio de las intenciones de voto (casi el doble que cualquier otro candidato).
Las complicaciones de materializar su candidatura se enmarcan en la Ley Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, la cual establece que una persona con una condena confirmada en segunda instancia no puede aspirar a ningún cargo, como es su caso.
Según medios internacionales, el Gobierno de Michel Temer ha usado la inhabilitación política no solo de Lula da Silva sino de la presidenta Dilma Rousseff.
