Presidente Luis Arce con todo contra Evo Morales tras secuestro de militares bolivianos: "Es traición a la Patria"
En medio de la creciente tensión social en Bolivia, el presidente Luis Arce emitió un fuerte comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) denunciando la toma de tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba por "grupos armados" vinculados al expresidente Evo Morales.
Arce condenó la retención de militares y sus familias, calificando esta ocupación como “un acto criminal absolutamente condenable”, que, según él, está lejos de representar una legítima demanda social.
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El mandatario describió la situación como una “traición a la Patria” y aseguró que estos actos son “una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano”.
Tras lo anterior, hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté al tanto de lo que considera una grave amenaza a la paz social y al orden público de Bolivia.
Arce también denunció que los grupos irregulares tomaron control del armamento en las unidades ocupadas, lo que, a su juicio, es “un acto criminal absolutamente condenable.”
Según el presidente, estos grupos no sólo amenazan las vidas de los militares en custodia, sino que han empleado “armas letales y dinamitas” contra fuerzas de seguridad, incluyendo a policías de origen indígena.
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El presidente Arce señaló que estos actos, sumados a los bloqueos liderados por seguidores de Morales, “estrangulan económicamente al pueblo boliviano” y afectan a trabajadores, productores agrícolas y a la población en general.
La interrupción del libre tránsito, el acceso a combustibles, alimentos y medicamentos, así como el impacto en la economía, han generado pérdidas millonarias y han intensificado la crisis de abastecimiento en las principales ciudades del país.
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Arce sugirió que la finalidad última de estas acciones es "acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales”.
Pese a la situación, afirmó que su gobierno continuará trabajando para “reestablecer el orden público”, priorizando la paz social y los derechos fundamentales de los ciudadanos.