Tras un mes de marcha, 200 indígenas llegaron a Santa Cruz para reclamar al gobierno boliviano el cese del decreto que permite llevar a cabo quemas controladas. El descontrol de las mismas desencadenó los grandes incendios de los pasados meses de agosto y septiembre que provocaron la pérdida de alrededor de 4 millones de hectáreas de bosque y pastizal, según datos de la Gobernación de dicha localidad.
La gestión del gobierno boliviano ante este desastre medioambiental recibió fuertes críticas que denunciaron la falta de reacción. Entre esas críticas se encuentran las del colectivo indígena de la región afectada, en la que habitan unas 80.000 personas, que acusa al presidente Evo Morales de favorecer la ampliación de los territorios para llevar a cabo actividades de ganadería y cultivo de soja, en detrimento de la Ley Marco "Madre Tierra”. Esta integra la política del 'Vivir Bien', que prioriza el desarrollo en armonía con la naturaleza.
"Todavía existe una idea idealizada del gobierno de Evo Morales en plano internacional, que es desconcertante si se mira desde Bolivia. Las políticas que se promueven son poco protectoras del ambiente a lo largo de todos los años que Evo ha estado en el poder. Una de las primeras cosas que hizo en 2006 fue anular el Ministerio de Desarrollo Sostenible", recuerda a DW Marco Gandarillas, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB).
Mientras las urnas decidirán este domingo (20.10) si este episodio tiene alguna incidencia en los resultados electorales, la deforestación sigue siendo uno de los principales problemas medioambientales del país. Según datos de la Fundación Solón, "Bolivia ocupa el séptimo lugar en el ranking de los 10 países que a nivel mundial perdieron mayor superficie de bosques en los últimos 25 años". Asimismo, el país ocupa el segundo lugar en Sudamérica en emisiones per cápita. Y es que "el 81 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero son por la combustión de naturaleza viva".
A pesar de que uno de los compromisos climáticos es alcanzar la "cero deforestación ilegal" en 2020, el gobierno ha aprobado diferentes normas para legalizar y ampliar el desmonte de bosques, critican desde la entidad boliviana.
Incrementando el problema mundial
Bolivia sufre ya las consecuencias del cambio climático. Según información gubernamental, "del año 1982 a 2014, más de 4 millones de habitantes han sido afectados directamente" por eventos climáticos extremos, que han "alcanzando a cerca del 40% de la población del país con un impacto económico entre 1 a 2% del PIB”. Asimismo, las previsiones gubernamentales son que en 2030, el 27% del territorio nacional podría estar afectado por una sequía persistente y el 24% por inundaciones altamente recurrentes.
"Pese a los avances realizados en la temática medioambiental, el país no tiene una norma específica en materia de cambio climático”, apunta Iván Velásquez, coordinador de programas de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Bolivia. Esta carencia hará que "no se cumplan las metas del Acuerdo de París", lamenta ante DW.
¿Es posible un desarrollo sostenible?
Y es que para enfrentarse al cambio climático, el país debe llevar a cabo políticas de desarrollo que tengan en cuenta este fenómeno. Es necesario equilibrar la explotación de recursos mineros, como el litio, con la conservación de riqueza en biodiversidad, bosques y recursos hídricos existentes. "Las políticas económicas ponen en primer lugar actividades de extracción que generan grandes impactos ambientales", critica Gandarillas, recordando que "Bolivia lidera el vertimiento de mercurio: la cifra está por encima de más 90.000 toneladas anuales, récord en América Latina".
Por otro lado, entre los compromisos climáticos bolivianos se encuentra cambiar su actual modelo de producción de electricidad, a favor de las energías renovables, de aquí a 2025. Actualmente la energía hidroeléctrica representa un 29 por ciento de la producción total, mientras la biomasa, la energía eólica y la energía solar solo representan el 1 por ciento. No obstante, el pasado 19 de septiembre se inauguró la primera fase de la planta fotovoltaica de Oruro, la planta solar más grande del país. La electricidad generada por esta infraestructura permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 61.900 toneladas de dióxido de carbono por año.
Para Gandarillas, "la política energética se centra en buscar más gas y construir grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonía para cubrir la demanda interna así como exportar a los países vecinos. Y esto no tiene nada de ambiental".
