La suspensión de las funciones de la Asamblea Nacional venozolana ha generado una masiva preocupación en el continente y una serie de protestas en su país, donde para mañana se espera una masiva movilización de los opositores a Nicolás Maduro.
La determinación es el cenit de una compleja situación que se vive en la nación caribeña en los últimos años y que, contrario a los deseos de la admnistración chavista, amenaza con involucrar a todo el continente para intentar encontrar una solución.
La crisis desatada
El miércoles por la noche, el Tribunal Supremo Constitucional –de orientación chavista- suspendió de sus funciones a la Asamblea Nacional –de mayoría opositora- y asumió el poder legislativo en Venezuela, es decir, aprobar las leyes y llevar a cabo los controles administrativos.
La decisión fue calificada como un golpe de Estado por el presidente del depuesto parlamento, Julio Borges, mientras que el líder de la OEA, Luis Almagro, lo llamó “auto golpe”.
El justificativo oficial para tal determinación es que la Asamblea se encuentra en “desacato”, luego que el año pasado se incorporarán a tres diputados cuyas elecciones fueron acusadas de fraudulentas, a pesar que posteriormente salieron de la Cámara, con lo que la mayoría de la oposición quedaba en un punto algo más frágil.
Según informa el diario Clarín de Argentina, “el Supremo no ha emitido una sola sentencia contra el Gobierno y los fallos del último año han sido para anular o declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por la Asamblea”.
El origen
Existe una fuerte pugna desatada entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, apoyado por el Judicial, luego que en 2016 el Parlamento adquiriera una mayoría opositora por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha rechazado prácticamente todas sus leyes por considerar que el órgano se encontraba en “desacato”.
Es por eso que el gobierno de Nicolás Maduro desde entonces se relaciona con el Supremo, ante el que rindió su informe 2016, al que le presentó (y le aprobó) el Presupuesto 2017, además de validarle un estado de excepción y de emergencia económica.
Eso ha provocado un constante enfrentamiento entre las partes. La oposición buscó un referendo revocatorio, el que fue torpedeado por el gobierno de Nicolás Maduro, quien incluso todavía no confirma las elecciones regionales programadas para este año.
La gota que rebalsó el vaso
En la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el martes, la organización manifestó su “preocupación por la situación política, económica, social y humanitaria que se vive en Venezuela” y reflotó con fuerza la posibilidad de que pidiera la activación de la Carta Democrática.
La Asamblea Nacional ha mostrado un fuerte respaldo a esta medida y la semana pasada había acordado en sala solicitar su aplicación, que para muchos es la principal por la que Maduro finalmente decidió suspenderla de sus funciones.
Por eso mismo, el martes ya le había asestado un primer golpe, cuando el Tribunal Supremo anuló la inmunidad de los diputados venezolanos, dado que se hallaba en “desacato” a ojos oficialistas. De esta forma, los parlamentarios quedan expuestos a ser sometidos a juicio, incluso frente a la justicia militar.
Qué es la Carta Democrática
La Carta Democrática Interamericana tiene como meta defender la institucionalidad democrática en la región, por lo cual activarla significaría que el continente considera que la democracia está en riesgo en un país determinado y que se deben tomar medidas para restituirla.
Si dos tercios de los miembros de la OEA (23 votos de los 35 posibles) aprueban su activación, se suspende al país y se constituye una comisión para evaluar el caso. De esta forma, Venezuela quedaría aislada, pero no implicaría ningún tipo de intervención a sus políticas. Más bien, se trataría de un espaldarazo a la oposición, que quedaría en una mejor posición para exigir cambios.
Desde que fue firmada en 2001, la Carta Democrática ha sido invocada en 10 ocasiones, en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Perú.
La crisis económica
Entras las principales motivaciones de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de reforzar su postura contra Venezuela destaca la "crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas”, además del bloqueo de los poderes del Estado y la situación de derechos humanos contra los presos políticos.
La situación económica venezolana ha caída duramente desde 2014, cuando comenzó la caída de los precios del petróleo, lo que provocó que las importaciones bajaran ostensiblemente.
Según algunos estudios privados, la economía ha retrocedido 11,3% durante el año pasado, mientras que el FMI proyecta una inflación de 1.660 % para 2017.
Nicolás Maduro culpa del colapso a los empresarios y a los “poderes imperiales” que buscarían desestabilizar su administración.
