El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron este jueves en Bogotá un nuevo y controvertido acuerdo de paz tras el rechazo del anterior en plebiscito.
El nuevo texto es el fruto de semanas de negociaciones que terminaron hace 10 días en La Habana y sustituirá al acuerdo inicial de septiembre rechazado por un estrecho margen en un plebiscito el 2 de octubre pasado.
El presidente Juan Manuel Santos planea enviar el texto para su aprobación al Congreso y evitar así el riesgo de un nuevo revés en las urnas.
El acuerdo busca poner fin a uno de los más largos conflictos armados de la actualidad: la guerrilla lleva levantada en armas más de 52 años.
El acuerdo revisado se firmó este jueves en una ceremonia discreta comparada con la del 26 de septiembre en Cartagena. Ese día a la ciudad caribeña asistieron los jefes de Estado regionales y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
En lugar de los 2.500 invitados que asistieron a Cartagena, la firma en el Teatro Colón de Bogotá contó con alrededor de 800 personas.
Mientras el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos se estrechaban la mano después de tomar turnos para firmar el documento, los invitados se pusieron de pie y corearon "Sí se pudo".
Timochenko dijo que el acuerdo "puso un fin definitivo a la guerra". "Para que podamos enfrentar nuestra diferencia de una manera civilizada", agregó.
Por su parte, Santos afirmó que confía en que el acuerdo tenga aceptación en el Congreso.
"Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana. Ese día será el día D", dijo y agregó: "En tan sólo 150 días todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas".
Años de negociación
El anterior acuerdo entre gobierno y las FARC fue negociado durante cuatro años en La Habana.
El de este jueves agrega entre otros puntos que las FARC tendrán que declarar todos sus bienes y entregarlos para que sean destinados a pagos de reparación de las víctimas del conflicto.
Además se fijó un plazo de 10 años para el sistema de justicia de transición, se espera que los rebeldes de las FARC proporcionen información exhaustiva sobre cualquier narcotráfico al que puedan haber estado involucrados.
Otra novedad es que el acuerdo de paz no formará parte de la Constitución de Colombia, como sucedía con el primero.
