Por AFP
El fiscal superior de Cataluña ordenó este martes a la policía que precinte los espacios designados como puntos de votación para el referéndum de autodeterminación en Cataluña, prohibido por la justicia, y los vigile hasta el domingo.
En una instrucción obtenida por la AFP, el fiscal ordenó a la policía regional catalana que ejecute el "precintado de los locales" y que se dedique a "la vigilancia de la integridad de los precintos (...) hasta las 21 horas del 1 de octubre". Además, asegure "la no constitución de las mesas" electorales.
Además, "el dispositivo desplegado deberá evitar igualmente que se intente producir la votación en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones -incluida la vía pública-, hasta un radio de seguridad de 100 metros", señala el fiscal.
Este martes la policía catalana, también por orden de la fiscalía, empezó a identificar a los responsables de estos colegios electorales, les pidió que entregaran la documentación relacionada con la consulta y se les advirtió de no ceder dichos centros para la votación.
Aun así, el gobierno regional de Cataluña, dirigido por el independentista Carles Puigdemont, sigue adelante con la convocatoria de esta votación, cuya logística quedó dañada por la intervención de la justicia y la policía españolas.
"Es una orden de la fiscalía y ya veremos cómo se ejecuta y qué recorrido tiene", aseguró a la AFP el responsable de relaciones exteriores del gobierno regional, Raül Romeva.
"Cada vez que ellos han intentado impedir una cosa, nosotros hemos encontrado una solución (...) Por mucho que intenten de manera operativa o funcional dificultar el ejercicio de la democracia, la voluntad de la población está muy por encima", añadió.
En los últimos días, las autoridades españolas detuvieron a 14 altos cargos implicados en el escrutinio, incautaron millones de papeletas y cartas para designar a los responsables de las mesas electorales, cerraron decenas de webs relacionadas con el voto e impusieron multas de 12.000 euros diarios a los responsables del órgano de supervisión electoral, que abandonaron el cargo.
El gobierno español de Mariano Rajoy, firmemente opuesto a este escrutinio, repite que el referéndum no se va a celebrar y desplegó un amplio dispositivo de refuerzos policiales en esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes.
