Durante más de diez años en México participaron abiertamente en reuniones culturales, repartieron libros y revistas, debatieron en foros académicos.
Al mismo tiempo sus compañeros en Colombia protagonizaban la guerra civil más prolongada en la historia de América Latina.
Pese a que su presencia en el país no fue clandestina, poco se hablaba de la oficina que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantuvieron en la capital mexicana por más de una década.
La oficina, que empezó a operar oficialmente en 1992, formaba parte de la estructura de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal), aunque mantuvo relativa autonomía de esta organización.
Tenía el reconocimiento del gobierno mexicano e incluso estaba listada en la guía telefónica.
El periodista y escritor Alejandro Jiménez, coautor junto con Laura Castellanos del libro "México armado" -que recopila la historia reciente de los grupos guerrilleros en México-, afirma que su activismo era muy conocido en algunos círculos.
"Eran diez personas en la delegación, se manejaban con la estructura de una embajada", le dice a BBC Mundo.
"Decían que eran la embajada real de Colombia en México, tenían un encargado de relaciones, no le llamaban embajador, pero en realidad operaba como eso".
Este representante fue, durante algunos años, Marco León Calarcá, quien ahora es parte del equipo que negoció la paz y el fin del conflicto armado con el gobierno colombiano.
La oficina cerró oficialmente en 2002, después de varias polémicas y señalamientos de presuntos vínculos del grupo armado con carteles mexicanos de la droga.
Vieja historia
Aunque su representación oficial permaneció abierta sólo diez años, en realidad las FARC han estado presentes en México por casi cuatro décadas.
Por ejemplo, el gobierno del entonces presidente José López Portillo (1976-1982) reconoció al grupo como fuerza beligerante.
Lo mismo hizo con otras organizaciones como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
La figura es parte del derecho internacional en materia de conflictos armados e implica que al beneficiado se le reconoce el control de una parte del territorio en disputa, así como derechos y obligaciones legales.
La decisión de conceder el estatus a esos grupos era parte de la política exterior de los gobiernos mexicanos en la época.
De hecho la diplomacia de este país fue muy activa en los conflictos de la región, pues no sólo promovió negociaciones internacionales sino que incluso apoyó directamente a grupos como el FSLN y el FMLN.
En el caso de las FARC lo que hubo fue un consentimiento tácito a sus actividades políticas, explica Alejandro Jiménez.
"Era como decir: puedes estar, te tolero y me hago de la vista gorda pero cuidadito con empezarme a alborotar aquí", cuenta.
Fue parte de un acuerdo implícito muy similar al que existió con Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara en los años 50.
El grupo podía hacer su trabajo político y, sólo en el caso de los cubanos, entrenar y reclutar gente. Pero tenían prohibido apoyar a movimientos locales.
Eso pasó con las FARC.
"Cuidaban mucho la fraseología para no apoyar a la guerrilla mexicana. Sí manejaban un discurso guevariano revolucionario pero sin apoyar a nadie aquí, era parte del entendido con el gobierno mexicano".
Becas para estudiantes
Oficialmente los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia realizaban sólo trabajo de promoción política.
Eran particularmente activos en universidades como la Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Autónoma Metropolitana (UAM).
Solían otorgar becas para conocer Colombia, recuerda Jiménez, aunque siempre insistieron en que el viaje no incluía visitar el frente armado.
"Sus actividades oficiales eran culturales, de promoción política, dar a conocer su verdad, querían distanciarse del paralimitarismo, criticar a su gobierno y decir ‘no somos delincuentes’ pero en un esquema de promover ideas culturales".
La presencia en las universidades se mantuvo después que su representación oficial cerró en mayo de 2002.
De hecho, el gobierno de Colombia denunció que el grupo armado tenía relaciones con grupos estudiantiles, especialmente de la UNAM.
Algo que pareció demostrarse el 1 de marzo de 2008, cuando el ejército colombiano bombardeó una base de las FARC en Santa Rosa de Sucumbíos, en Ecuador.
En el ataque murió uno de los principales líderes del movimiento, Raúl Reyes, pero también cuatro estudiantes mexicanos que se encontraban en el lugar.
Sólo hubo tres sobrevivientes.
Una de ellas, Lucía Morett, fue detenida por el ejército de Ecuador, lo que causó protestas en México pues sus familiares afirmaron que fue torturada.
Morett regresó a su país semanas después del ataque, aunque los gobiernos de Colombia y Ecuador mantienen juicios pendientes en su contra.
Relaciones con el narco
La situación de la oficina de las FARC cambió a finales de los años 90, cuando el gobierno mexicano y la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, acusaron a las FARC de tener negocios con los carteles de narcotráfico.
El periodista Jorge Fernández Meléndez documentó algunos de estos supuestos vínculos.
En sus libros "Las FARC en México" y "El otro poder" señala que el grupo armado, especialmente la facción que encabezó Jorge Briceño Suárez, "El Mono Jojoy", enviaba cargamentos de cocaína a México.
"Tuvieron contacto con el cartel de los hermanos Arellano Félix", asegura el periodista.
Las FARC guardaron silencio ante la mayoría de las acusaciones, aunque tras el ataque a su campamento en Sucumbíos, Ecuador, aseguraron que la información confiscada en los archivos de Raúl Reyes era "manipulada".
En mayo de 2007 el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dijo que hasta ese momento el gobierno mexicano no había encontrado vínculos del grupo armado con carteles de narcotráfico.
Sin embargo, los señalamientos continuaron e incluso en noviembre de 2015 la DEA presentó un informe que vinculaba a las FARC con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
A estas acusaciones tampoco hubo respuesta.
El cierre de la representación del grupo armado en tierras mexicanas empezó a gestarse en 2000, cuando el PRI perdió el gobierno del país.
El nuevo presidente, Vicente Fox, cambió la política exterior pues se mostró más cercano a gobiernos conservadores, e incluso se distanció con el aliado histórico de México, Fidel Castro.
También atendió la petición del entonces mandatario de Colombia, Andrés Pastrana, para concluir con la tolerancia mexicana a las FARC.
Y el primer paso fue cerrar la representación del grupo.
En una entrevista a la revista Semana en 2001, Fox dijo que la oficina en su país "no tiene sentido".
"Había tenido el acuerdo de mantenerla bajo la idea de que pudiera ser un punto de contacto para posibles negociaciones" con el gobierno colombiano, dijo.
Y como entonces no existía diálogo entre las partes se pidió a las FARC que cerraran su representación, lo cual ocurrió en mayo de 2002.
Pero su influencia en algunos círculos políticos y académicos del país se mantuvo por varios años, esta vez de forma más discreta.
